La publicación del Decreto 780/24 del Poder Ejecutivo Nacional generó un encendido repudio por parte de las organizaciones y especialistas que tildaron a la medida como un “retroceso” en el acceso a la información pública en el país y alertaron que con su aplicación se restringe la obtención de registros del Estado que son clave para las presentaciones judiciales por causas ambientales.
Más de 60 organizaciones de la sociedad civil emitieron un comunicado ayer asegurando que la resolución “intenta restringir el derecho de acceso a la información pública en el país” y solicitaron que el gobierno nacional deje sin efecto la medida.
Las críticas al decreto
“Este decreto afecta a la información pública porque es un retroceso a lo que establece la Ley 27.275, que establece muchos principios muy importantes como la presunción de publicidad, es decir, en caso de duda se tiene que favorecer al peticionante de la información”, dijo a EcoNews Cristián Fernández, coordinador del Area de Lugares de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“Se modifica el principio de buena fe, entonces las autoridades van a poder definir cuando le haces un planteo si vos estás obrando de buena fe o si con ese pedido de estas cometiendo un abuso del derecho”, explicó el especialista.
Fernández aclaró también que “ningún decreto puede modificar lo que dice una ley” y aseguró que la resolución “es inconstitucional porque atenta contra los estándares internacionales de derechos humanos en materia de acceso a la información pública”.
Preocupación por las causas ambientales
Desde las organizaciones socioambientales, se alertó que el decreto restringe la obtención de registros del Estado que son clave para la presentaciones judiciales en causas que está comprometido el medio ambiente.
“Acá la gravedad es tremenda porque sin información no podés hacer nada, no podés participar en una audiencia pública, sin información no podés opinar y tener datos para llevar una causa. Se achica todo el espectro de protección que creaba la ley”, aseveró Fernández.
Qué dice el comunicado de las organizaciones
“Solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto este Decreto y se garantice el pleno acceso a la información pública. Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el Decreto 780/24 con el que el Poder Ejecutivo Nacional intenta restringir el derecho de Acceso a la Información Pública”, escribieron las más de 60 organizaciones.
Las asociaciones civiles explicaron que un decreto reglamentario no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia Ley de Acceso a la Información, que fue votada por el Congreso de la Nación en 2016.
“El Decreto 780/24 implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción”, advirtieron en la misiva que fue firmada por organizaciones como ACIJ, FARN, FOPEA, Poder Ciudadano y Sipreba, entre otros.
