BRIDGETOWN/EL CAIRO – Para los mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED), invertir en resiliencia no es un lujo; es una necesidad. Los desastres climáticos y la degradación ecológica están frenando sus perspectivas económicas y tensionando sus finanzas. Tal vez más importante aún, estos choques están agravando cargas de deuda insostenibles en un momento en que los países donantes están recortando la ayuda al desarrollo, lo que dificulta que las MEED financien inversiones en adaptación climática.
En las dos últimas décadas, las 74 economías que conforman el Climate Vulnerable Forum y el Vulnerable Group of Twenty han sufrido pérdidas por más de 525.000 millones de dólares –equivalentes a aproximadamente el 20% de su PIB colectivo– debido a impactos climáticos. Esto incluye desastres agudos como inundaciones, huracanes y sequías, así como fenómenos más lentos como la desertificación y la erosión costera.
Mientras tanto, la degradación de los ecosistemas naturales, a través de la deforestación y la pérdida de biodiversidad, ha agravado la inseguridad alimentaria e hídrica y aumentado los riesgos climáticos al eliminar sumideros naturales de carbono. Estas dinámicas crean obstáculos formidables –en particular, un espacio fiscal limitado y altos costos de capital– que atrapan a los países en un ciclo vicioso de vulnerabilidad. Romperlo requiere una ampliación significativa de la financiación para los esfuerzos de adaptación climática.
Con ese fin, la Sharm El-Sheikh Adaptation Agenda, lanzada en 2022, propone 30 objetivos de adaptación en sectores clave como agricultura, salud pública e infraestructura, con el objetivo de impulsar una acción inclusiva, efectiva y equitativa para 2030. Los resultados propuestos no son meramente defensivos; generan empleo, aumentan la productividad y mejoran la calificación crediticia. Lamentablemente, estos beneficios no se reflejan en los marcos macroeconómicos actuales.
El problema es estructural
Las herramientas macrofiscales existentes –como los marcos de sostenibilidad de la deuda utilizados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y, por extensión, las agencias de calificación soberana– tienen en cuenta los riesgos climáticos y medioambientales, pero no reconocen suficientemente los beneficios económicos de reducir esos riesgos.
Los desastres naturales –relacionados o no con el clima– se tratan (correctamente) como amenazas a la estabilidad fiscal. Pero las inversiones necesarias para mitigar sus efectos se consideran únicamente como un aumento de la deuda, en lugar de ser vistas como esenciales para reducir las pérdidas o como impulso para desarrollar activos estratégicos que fomenten el crecimiento. Por ejemplo, las inversiones en infraestructura resistente a inundaciones en Vietnam no solo han reducido los costos por daños, sino que también han aumentado el valor de la tierra, mejorado la salud pública e incrementado la productividad laboral. Y las soluciones basadas en la naturaleza, como restaurar manglares o humedales, pueden abordar simultáneamente los desafíos climáticos, alimentarios e hídricos, y mejorar el rendimiento de la infraestructura.
Como resultado, intervenciones de alto impacto como las defensas costeras, el cableado subterráneo y la restauración de manglares quedan relegadas en favor de proyectos de infraestructura más convencionales, como carreteras, puentes y puertos.
Estos incentivos perversos se reflejan en los procesos de planificación y presupuestación de las MEED. Los ministerios de medio ambiente que supervisan las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) y los Planes Nacionales de Adaptación (NAP) en el marco del Acuerdo de París tienden a no interactuar sistemáticamente con los ministerios de finanzas, lo que significa que estas estrategias de resiliencia no se integran plenamente en la planificación financiera nacional de mediano y largo plazo. Esto deja a las NDC y NAP en riesgo de ser aspiracionales, en lugar de operativas.
Con inversiones críticas en adaptación ignoradas en los presupuestos, y con volúmenes insuficientes de financiamiento en forma de donaciones o préstamos concesionales para cubrir las brechas resultantes, muchos piden cambios en el tratamiento de la deuda, incluyendo reformas de los marcos fiscales para que las inversiones en resiliencia climática y ambiental se consideren productivas. Un documento reciente de la Bridgetown Initiative expone cuatro pasos que los gobiernos pueden dar para lograr este objetivo.
En primer lugar, las MEED deben cuantificar los riesgos climáticos y medioambientales, tanto agudos como crónicos. Una mejor comprensión de los posibles efectos macroeconómicos puede ayudar a orientar las evaluaciones sobre la financiación necesaria para reducir esos riesgos. El documento ofrece una nueva tipología para ayudar a clasificar las inversiones según el tipo de riesgo y el sector, lo que agilizaría el proceso.
Una vez que los responsables políticos han identificado qué inversiones son necesarias, deben evaluar su impacto en la trayectoria de crecimiento de la economía. El gasto en medidas de resiliencia puede reducir las pérdidas futuras por desastres climáticos, aumentar la productividad y elevar los ingresos. Estos beneficios deben incorporarse a los modelos de proyección, como ya se hace con las inversiones en infraestructura tradicional.
Los beneficios de crecimiento a largo plazo de los proyectos de capital centrados en la resiliencia podrían entonces incorporarse a los análisis de sostenibilidad de la deuda. Esto demostraría que tales inversiones son, de hecho, fiscalmente prudentes con las condiciones de financiación adecuadas, fortaleciendo así el caso para un mayor endeudamiento concesional y a más largo plazo.
Por último, con una comprensión más completa de los efectos macroeconómicos de las intervenciones basadas en resiliencia, las MEED pueden elaborar planes de inversión y estrategias de financiación creíbles que se alineen con la política fiscal y presupuestaria.
Incorporar la resiliencia climática en la planificación macroeconómica debería reforzar, no debilitar, la narrativa de crecimiento de un país. Bien hecho, esto permite que los ministerios de finanzas interactúen de manera más efectiva con donantes, agencias de calificación crediticia, mercados e instituciones financieras internacionales, todos los cuales desempeñan un papel directo o indirecto clave en el apoyo a los esfuerzos de resiliencia y adaptación.
Con el FMI y el Banco Mundial revisando su Marco de Sostenibilidad de la Deuda para Países de Bajos Ingresos, este es un momento oportuno para que las MEED actualicen sus metodologías para reflejar los beneficios de las medidas de adaptación.
Los choques climáticos y medioambientales son ya una realidad económica, no una amenaza lejana. Construir resiliencia ante estos choques será la base del desarrollo sostenible y la estabilidad fiscal en los próximos años.
*Pepukaye Bardouille es Directora de la Bridgetown Initiative y Asesora Especial en Resiliencia Climática de la Oficina de la Primera Ministra de Barbados. Fue la Directora Ejecutiva fundadora de la Climate Resilience Execution Agency for Dominica.
*Mahmoud Mohieldin es Enviado Especial de la ONU para la Financiación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y Copresidente del Grupo de Expertos sobre Deuda, es exministro de Inversión de Egipto (2004-2010), ex vicepresidente senior del Grupo del Banco Mundial y exdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional
*Derechos de autor: Project Syndicate, 2025.
