Hay conversaciones que uno sabe que tendrá con sus hijos, aunque todavía no sepa cuándo.
Algún día tendré que explicarle a mi hijo por qué existen las guerras, por qué hay desigualdad o por qué las personas toman decisiones que afectan a otras. Y sospecho que, tarde o temprano, también tendré que responder una pregunta mucho más incómoda: ¿qué hizo mi generación cuando comprendió que el planeta estaba cambiando?
Esa es, quizá, una de las conversaciones que más me inquietan.
Durante más de una década he trabajado como abogado y consultor en proyectos de investigación e innovación financiados por la Comisión Europea. Mi labor me ha permitido acompañar a empresas, universidades y centros tecnológicos que desarrollan soluciones para algunos de los grandes desafíos de nuestro tiempo: la transición energética, la economía circular, la descarbonización industrial o la protección de los recursos naturales.
En ese entorno abundan los conceptos técnicos y los debates jurídicos. Fue precisamente en una conferencia en Bruselas el año pasado cuando escuché nuevamente el término ecocidio.
Hace pocos años, la primera vez que escuché esa palabra, la registré como cualquier abogado lo haría: un concepto jurídico interesante, un debate emergente del derecho internacional digno de seguir de cerca. Pero el año pasado, ya con mi hijo de 3 años, tuvo un impacto diferente y me puso a pensar de manera particular, ya no solo simplemente como una cuestión profesional. Se convirtió en una pregunta.
Porque el ecocidio no es, en el fondo, una discusión sobre tribunales. Es una conversación sobre responsabilidad. Y la responsabilidad deja de ser una idea abstracta cuando descubres que alguien heredará las consecuencias de tus decisiones.
Mi hijo todavía no sabe qué significa la gobernanza ambiental. Probablemente nunca le interesen los debates sobre el Estatuto de Roma o sobre la eventual incorporación del ecocidio como crimen internacional. Pero sí respirará el aire que nosotros decidamos conservar o contaminar. Sí beberá el agua que hoy protejamos o dejemos de proteger. Sí vivirá en los ecosistemas que nuestra generación sea capaz de preservar.
Como abogado, podría explicar que el ecocidio busca atribuir responsabilidad por daños masivos, graves o duraderos al medio ambiente, cuando estos comprometen la capacidad de los ecosistemas para sostener la vida. Podría hablar de definiciones, propuestas normativas y debates académicos.
Sin embargo, cada vez estoy más convencido de que la conversación verdaderamente importante no pertenece únicamente a los juristas. Debe salir de los despachos, de las universidades y de los tribunales para llegar a las empresas, a las familias y, sobre todo, a nuestras casas.
La pregunta no es solamente si el ecocidio llegará a convertirse en un crimen internacional. La pregunta es qué estamos dispuestos a hacer para evitar que ciertos daños ocurran en primer lugar.
Durante años nos acostumbramos a pensar que existía una elección inevitable entre desarrollo económico y protección ambiental. Como si cuidar el planeta significara renunciar al progreso. Mi experiencia profesional me ha demostrado exactamente lo contrario.
He visto empresas transformar residuos en nuevas materias primas, desarrollar tecnologías capaces de reducir emisiones y diseñar modelos de negocio donde la sostenibilidad no representa un obstáculo, sino una ventaja competitiva. También he visto cómo la regulación europea y los programas de financiación han impulsado una nueva forma de entender la innovación: una que no mide el éxito únicamente por el crecimiento económico, sino también por el impacto positivo que deja en la sociedad y en el medio ambiente.
Eso no significa que todos los problemas estén resueltos. Significa que el argumento de que proteger el planeta es incompatible con el desarrollo resulta cada vez menos convincente.
Pero incluso en medio de esos avances permanece una pregunta incómoda.
¿Qué ocurre cuando determinadas actividades generan daños tan profundos que afectan a comunidades enteras y comprometen el bienestar de generaciones futuras?
¿Dónde trazamos la línea entre el desarrollo legítimo y la destrucción irreversible?
El debate sobre el ecocidio nace precisamente de esa inquietud. No pretende detener el progreso; pretende preguntarnos cuáles son los límites que una sociedad responsable no debería estar dispuesta a cruzar.
Quizás por ello, en los últimos años, también me he cuestionado cuál debe ser el papel del abogado frente a desafíos que trascienden los códigos y los tribunales. Dicha reflexión se ha alineado con mi rol como miembro del Consejo Asesor Internacional de TEDLaw, una organización que fomenta una visión más humanizada de la profesión jurídica.
En estas conversaciones he fortalecido una convicción que actualmente rige mi ejercicio profesional: el derecho no existe únicamente para resolver conflictos una vez que el daño se ha producido. También debe contribuir a su prevención. Su propósito final no es la protección de normas, sino la protección de las personas.
Desde esa perspectiva, el ecocidio adquiere un significado distinto. Ya no se trata solamente de debatir sobre una nueva figura jurídica. Se trata de preguntarnos qué intenta proteger realmente el derecho cuando protege el medio ambiente.
La respuesta, en mi opinión, es sencilla: protege la vida, la salud, los medios de subsistencia y la dignidad de las personas. Protege la posibilidad de que las próximas generaciones disfruten de oportunidades similares, o mejores a las que nosotros recibimos.
Por eso, cuando pienso en el ecocidio, ya no pienso únicamente como abogado, pienso como padre.
No imagino que algún día mi hijo me pregunte por los elementos técnicos de un tipo penal internacional o por los matices de una jurisdicción. Imagino algo mucho más sencillo y, precisamente por eso, mucho más difícil de responder.
“Papá, cuando ustedes supieron lo que estaba pasando… ¿qué hicieron?”. No sé cuál será mi respuesta dentro de veinte años.
Lo único que sé es que me gustaría poder decirle que intenté aportar, aunque fuera modestamente, desde aquello que mejor sé hacer: el derecho, la innovación y el diálogo entre quienes desarrollan soluciones y quienes tienen la responsabilidad de convertirlas en realidad.
Tal vez el mayor valor del debate sobre el ecocidio no radique únicamente en la posibilidad de crear una nueva figura jurídica. Tal vez consista en recordarnos que el verdadero progreso de una sociedad no se mide solo por lo que construye, sino también por aquello que decide no destruir.
Como abogado, sigo creyendo en el poder transformador del derecho. Como consultor, sigo creyendo en la capacidad de la innovación y de las empresas para liderar cambios positivos. Y como padre, creo que la conversación más importante sobre el ecocidio no ocurrirá en un tribunal internacional, sino el día en que nuestros hijos nos pregunten qué hicimos cuando todavía estábamos a tiempo de decidir el mundo que íbamos a dejarles.
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