“Una democracia no debe temer a ciudadanos que piensan”, afirmó el padre Jeison Víquez Acuña en Nicoya, durante las Fiestas Patrias del pasado 25 de julio, en las que Costa Rica conmemoró la Anexión del Partido de Nicoya (ocurrida en 1824). Allí pidió a las autoridades escuchar antes de decidir y defendió una educación que forme ciudadanos capaces de pensar, preguntar y discernir. Ese mismo día, monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora, obispo de Tilarán-Liberia, señaló la contradicción de una Guanacaste (provincia de Costa Rica) que genera riqueza, pero mantiene pobreza y abandono del campesinado. Su llamado fue directo: las autoridades no deben limitarse a celebrar, sino impulsar obras concretas.
Estas intervenciones de la Santa Madre Iglesia, no son episodios aislados ni indebidas incursiones politizadas. Expresan una responsabilidad esencial de la Iglesia Católica: iluminar la vida pública desde el Evangelio, la dignidad humana, el bien común y la opción por quienes cargan con los costos de las decisiones económicas, sociales y ambientales. La Iglesia no sustituye a los partidos políticos ni dicta soluciones técnicas, pero tampoco puede guardar silencio cuando la riqueza sale de los territorios y los daños ambientales o la exclusión permanecen en ellos. Su voz es más necesaria cuando el debate público se reduce a consignas y las comunidades son escuchadas después de que las decisiones ya fueron tomadas.
Esa responsabilidad adquiere una urgencia especial ante el proceso regresivo en materia ambiental documentado por el Informe Estado de la Nación 2025 (publicación anual e independiente que evalúa el desempeño de Costa Rica en áreas claves del desarrollo humano sostenible). El documento, advierte que durante 2024 y 2025 continuaron decisiones gubernamentales que debilitan herramientas y capacidades de gestión ambiental. En ese sentido, el país ha pasado de la incoherencia entre su prestigio verde y sus políticas internas a una erosión más abierta del marco regulatorio y de las capacidades institucionales.
Asimismo, el informe menciona reducciones regulatorias en asuntos estratégicos, centralización de decisiones, exclusión de voces científicas y sociales, y una disminución acumulada cercana al 40% en el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Al mismo tiempo, crecen la dependencia de hidrocarburos, las emisiones del transporte, las tensiones por el agua y los conflictos territoriales.
No estamos ante una discusión sectorial reservada a especialistas. La regresión ambiental es también regresión social y democrática. Cuando se debilita la fiscalización, quienes primero quedan expuestos son las comunidades rurales, costeras e indígenas, las familias que dependen del agua, la agricultura o el turismo, y las generaciones que heredarán los costos. Cuando se excluye a la ciencia y a la ciudadanía, también se empobrece la democracia. Y cuando se presenta la protección ambiental como obstáculo al desarrollo, se oculta la pregunta decisiva: ¿desarrollo para quién, con qué riesgos y a costa de qué territorios?
El Congreso Latinoamericano sobre Impacto Socioambiental de la Minería, celebrado del 17 al 19 de julio en la Universidad Católica de Costa Rica, ofreció criterios concretos para responder. Su principal conclusión no fue una consigna simplista a favor o en contra de “la minería”, sino un método de discernimiento. Cada propuesta debe evaluarse según su escala, tecnología, territorio e impactos; y debe superar pruebas mínimas de legalidad y no regresión, evidencia científica independiente, participación efectiva, distribución justa de beneficios y costos, trazabilidad y restauración financiada. Las excepciones ambientales no se presumen: se demuestran. La capacidad estatal de controlar y reparar debe existir y comprobarse antes de autorizar daños potencialmente irreversibles.
El proyecto de minería a cielo abierto que se pretende realizar en Crucitas (ubicado en la zona limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua), muestra por qué este principio es indispensable. La minería ilegal, la deforestación, las sustancias tóxicas, las redes criminales y la debilidad del control estatal constituyen una emergencia real. Pero una emergencia no legitima cualquier salida. Legalizar una actividad de alto impacto no la convierte automáticamente en solución, especialmente si se debilitan salvaguardas, se abren portillos normativos o se deja la restauración a cargo del Estado. El Congreso propuso considerar una ruta más responsable: contener el daño y recuperar el control territorial; restaurar aguas, suelos, seguridad y confianza; y transformar la economía local mediante alternativas sostenibles, educación e innovación.
Como animador del Movimiento Laudato Si’, asumo esta reflexión desde una misión explícita: movilizar a la comunidad católica y colaborar con todas las personas de buena voluntad para cuidar nuestra Casa Común y promover la justicia climática y ecológica. Laudato Si’ nos enseña que el clamor de la tierra y el clamor de los pobres no pueden separarse. Por eso, la defensa del ambiente no es un añadido opcional a la pastoral social; es parte de la defensa de la vida. Tampoco basta con expresar preocupación. La conversión ecológica debe traducirse en participación, vigilancia ciudadana, solidaridad territorial y cambios verificables.
La Iglesia costarricense puede aportar mucho en este momento. Las diócesis y parroquias pueden abrir espacios de escucha para comunidades afectadas; promover foros de discernimiento sobre minería, agua y ordenamiento territorial; acompañar a personas defensoras ambientales; formar a jóvenes en ecología integral y pensamiento crítico; y pedir datos abiertos, estudios independientes, garantías financieras de restauración y respeto al principio de no regresión. Puede, además, tender puentes entre sectores que hoy se miran con desconfianza, sin neutralidad frente al daño, pero sin renunciar al diálogo. Ya tiene nuestra Iglesia un legado en este tema que se sembró en la zona norte desde principios del presente siglo.
Hay razones para la esperanza. Costa Rica ha demostrado que puede tomar decisiones históricas en favor de los bosques, la biodiversidad y la paz. La esperanza cristiana no consiste en negar los retrocesos, sino en enfrentarlos con verdad, comunidad y acción. Las voces del padre Jeison y de monseñor Salazar muestran una Iglesia que no teme entrar en la realidad para defender la dignidad de las personas. El Congreso sobre minería nos recuerda cómo hacerlo: escuchar, discernir y comprometernos. Ante la regresión ambiental, el silencio no es prudencia. La respuesta debe ser una esperanza activa capaz de cuidar el agua, proteger los territorios y convertir la fe en obras concretas por la Casa Común.
