El proyecto de ley contra vandalismo rural en Argentina consiguió dictamen de mayoría este martes en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, y quedó en condiciones de ser debatido en el recinto. La iniciativa es del diputado pampeano Martín Ardohain, del PRO, quien preside la comisión de Agricultura.
Ardohain anunció el avance en su cuenta de X: “Hay dictamen en comisión para el proyecto de ley que pena el vandalismo rural. SERÁ LEY”. El legislador explicó el alcance de la norma: “A partir de la sanción de esta ley, vos vas a ser dueño de lo tuyo, y el que entre a una propiedad privada va a tener que entrar con permiso. Si no, va a estar cometiendo un delito penal”.
Qué penaliza el proyecto de ley rural
El texto modifica el Código Penal en tres puntos. El primero incorpora el artículo 150 bis, que castiga con prisión de un mes a un año a quien entre en un establecimiento rural, terreno o dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo. El proyecto aclara que se presume la voluntad de exclusión por la sola existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen prohibición de ingreso, según informó Bichos de Campo.
El segundo punto es el artículo 184 bis, con penas de 2 a 8 años de prisión y multa de 3 a 12 veces el valor del daño para quien destruya, inutilice o dañe elementos que afecten de manera directa el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario. Entre ellos se enumeran los cereales no cosechados, los silobolsas, el ganado y la leña. La pena mínima se duplica si el autor es funcionario público o se dedica habitualmente a la actividad agropecuaria.
El tercero modifica el artículo 209 sobre instigación pública a cometer un delito: la pena actual de 2 a 6 años subiría un tercio si la instigación se hace por medios masivos, redes sociales o plataformas digitales.
El respaldo del sector agropecuario
El proyecto ya había recibido un respaldo contundente del sector el 25 de agosto, cuando la comisión de Agricultura escuchó a representantes de la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro, CARBAP, la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz y la Fundación Barbechando.
Claudio Angeleri, vicepresidente de Federación Agraria, dijo en esa audiencia que la norma “nos traería tranquilidad, previsibilidad” y recordó que “detrás de una tranquera de un campo, de un alambrado, hay no solo producción, sino familias que viven ahí”. César Guatti, de CRA y de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, advirtió que el ingreso no autorizado a un campo “puede ser el primer paso de una faena clandestina, un robo, la destrucción de instalaciones, o un ataque contra quienes viven y trabajan en el lugar”.
Lucas Magnano, presidente de Coninagro, afirmó que los establecimientos en lugares recónditos “necesitan tener las mismas garantías que cualquier persona que habita, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires”. La Fundación Barbechando celebró el dictamen en redes y señaló que “el proyecto avanza al recinto de Diputados para ser aprobado”.
El plenario se hizo en el Anexo C y tenía sobre la mesa dos textos, el de Ardohain y el de Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria. Ambos proponen endurecer las penas por hechos que afectan a la producción, y la reunión buscaba ver si se unificaban criterios para responder al reclamo de las entidades del sector. Ardohain contó en agosto que todos los bloques se habían expresado a favor “sin bandera política”.
