Mientras Brasil se prepara para acoger la COP30 en Belém, un evento que podría reafirmar el liderazgo mundial del país en la lucha contra la emergencia climática, el Congreso Nacional ha optado por el camino contrario al aprobar, el pasado 17 de julio, el proyecto de ley 2.159, apodado por cientos de organizaciones de la sociedad civil como «PL da Devastação» (proyecto de ley de la devastación). Se trata de una propuesta que representa uno de los mayores retrocesos medioambientales en décadas, desmantelando la política nacional de licencias medioambientales construida a lo largo de más de 40 años.
Aprobado con 267 votos a favor y 116 en contra en la Cámara de Diputados, el texto pasó en el Senado con modificaciones que lo empeoraron. Bajo la fuerte influencia del lobby de la agroindustria y la minería, el proyecto de ley exime a los proyectos de mediana y gran envergadura de análisis técnicos más profundos, permite la autolicencia mediante la denominada Licencia por Adhesión y Compromiso (LAC) e impone la renovación de las licencias basándose únicamente en las declaraciones del propio empresario.
Por si fuera poco, se introdujo una nueva figura jurídica, la Licencia Ambiental Especial (LAE), que exime de estudios técnicos a las obras consideradas «estratégicas», lo que, en la práctica, puede abrir el camino a proyectos de gran impacto, como la explotación petrolera en la Amazonía.
No se trata de un retroceso puntual. El proyecto de ley de devastación es la consolidación, en la práctica, del proyecto de destrucción ambiental promovido por sectores atrasados de la economía brasileña. Desmantela las salvaguardias, ignora el principio de precaución y transforma la concesión de licencias ambientales en un procedimiento automático, cuando debería ser un instrumento de evaluación cuidadosa de los riesgos socioambientales de cualquier obra. Los cambios violan los compromisos internacionales de Brasil, como el Convenio 169 de la OIT, al suprimir la obligación de consultar previamente a los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales. El proyecto tampoco menciona la palabra «clima», ignorando solemnemente la emergencia ambiental que ya afecta a millones de brasileños y brasileñas con fenómenos extremos, desastres, sequías e inundaciones.
La tramitación del proyecto se llevó a cabo de forma acelerada y sin diálogo con científicos ni con los principales organismos medioambientales del país, incluidos el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Pueblos Indígenas. Por ello, más de 350 organizaciones firmaron un manifiesto público alertando sobre la gravedad del texto y pidiendo su retirada de la agenda. Entre ellas, Greenpeace, el Observatorio del Clima y WWF denunciaron que la propuesta representa «el mayor retroceso medioambiental de los últimos 40 años», además de abrir la puerta al aumento de la deforestación, la judicialización de obras irregulares y la inseguridad jurídica para los propios empresarios.
La aprobación de este proyecto precisamente en el año de la COP30, que se celebrará en territorio brasileño, no solo es una contradicción, es un escándalo. En lugar de dar ejemplo y adoptar medidas para reforzar la protección medioambiental y climática, el país envía al mundo el mensaje de que está dispuesto a desmantelar su marco legal en nombre de intereses inmediatos. El contraste es aún más evidente cuando se observa que otras naciones están ampliando sus requisitos de licencia e invirtiendo en una economía baja en carbono, mientras que Brasil legaliza la destrucción ambiental a gran escala.
Ante la gravedad de la situación, la responsabilidad recae ahora en el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tendrá hasta mediados de agosto para sancionar o vetar el texto aprobado por el Congreso. La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, ya ha señalado que trabajará por vetos parciales y por modificaciones que puedan suavizar los efectos del proyecto. Sin embargo, las organizaciones medioambientales y los movimientos sociales defienden el veto total, alegando que los problemas estructurales del proyecto de ley no pueden resolverse con correcciones puntuales. Sin un veto integral, Brasil podría comprometer seriamente su imagen internacional y, lo que es peor, poner en peligro sus biomas, sus pueblos y su soberanía ambiental.
El momento exige coherencia, valentía y movilización. Si Brasil quiere ser protagonista en la lucha climática, debe rechazar definitivamente las políticas que agravan la destrucción. La historia juzgará a quienes estén del lado de la devastación, y también a quienes guarden silencio ante ella.
*Juliano Medeiros es historiador y doctor en Ciencias Políticas, es profesor de la Fundación Escuela de Sociología y Política de São Paulo (FESP-SP), director del Instituto Futuro y expresidente del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).
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