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Con la mira en el cambio climático, 24 países de América Latina y el Caribe firmaron el acuerdo Escazú en 2018. Su objetivo es garantizar que todas las personas tengan acceso a información ambiental, participen en la toma de decisiones y dispongan de una justicia ambiental efectiva. Este tratado se convirtió, también, en el primer acuerdo ambiental de la región que protege específicamente a los defensores de derechos humanos ambientales.
El cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en la actualidad y los humanos disponemos de los medios y el tiempo para combatirla. Sin embargo, muchas veces falta voluntad política para tomar acciones concretas. Por eso, el compromiso por parte de los gobiernos al adherirse a Escazú es fundamental.
En primer lugar, los gobiernos deben garantizar el acceso a información ambiental relevante para todas las personas, lo que implica una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión ambiental. Además, deben promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales y tomar en cuenta las opiniones de las comunidades locales y los defensores de derechos humanos ambientales.
Además, el acuerdo Escazú protege a los defensores de derechos humanos ambientales, que a menudo enfrentan amenazas y ataques por su trabajo. Lamentablemente, América Latina es una de las regiones más peligrosas del mundo para los activistas ambientales. Según el informe de Global Witness de 2020, se registraron al menos 212 asesinatos de defensores ambientales en todo el mundo, y más de la mitad de ellos ocurrieron en América Latina. Colombia fue el país más afectado, con 65 asesinatos, seguido de México con 30 y Honduras con 17.
Para combatir esto, los gobiernos se comprometieron a prevenir, investigar y sancionar los ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos ambientales a través de la creación de un registro público de agresiones y amenazas, la implementación de medidas de protección para los defensores y sus familias, y la promoción de la participación efectiva de estos defensores en los procesos de toma de decisiones ambientales.
