El Proyecto Mirar analizó la implementación de la ley nacional.
En 2023 se realizaron 86.565 abortos en el sistema de salud público del país, en su mayoría antes de la semana 12 de gestación y con medicamentos, informó el Proyecto Mirar en su Reporte anual “Logros de la política de acceso al aborto y amenazas actuales”.
A tres años de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la organización aseguró que la implementación de esta política de salud se tradujo en una menor mortalidad materna y agregó que estas cifras son “el piso” para que el gobierno nacional y los provinciales sigan trabajando.
El monitoreo, que fue iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto a Ibis Reproductive Health, reveló que la tasa nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) e Interrupción Legal del Embarazo (ILE) fue de 8 abortos cada 1000 mujeres.
En 9 de cada 10 casos la interrupción se realizó antes de la semana 12 de gestación y se realizó principalmente con medicamentos mifepristona y misoprostol, ya que los procedimientos de aspiración manual endouterina no superaron el 5% del total.
Desde la sanción de la ley se duplicaron los servicios de salud que garantizan abortos en el país, mientras que en 2023 crecieron un 11% con respecto al año anterior y totalizaron 1982 efectores públicos.
Las intervenciones se concentraron en población mayor de 20 años, la proporción de adolescentes no superó el 10% del total de las interrupciones, según el estudio.
Según mostró el reporte, el acceso oportuno al aborto se tradujo en una mejora para en la salud de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar ya que hubo una disminución en la mortalidad materna, al igual que los fallecimientos de mujeres por causas indirectas, ocasionadas por enfermedades preexistentes que se agravan por el embarazo.
“Estos datos muestran la consolidación de la política de acceso al aborto seguro, en prácticamente todas las jurisdicciones. Este es el piso de implementación, hay que seguir mejorando, las desigualdades siguen estando presentes aunque son cada vez menores”, dijo a EcoNews Silvina Ramos, socióloga e investigadora titular del CEDES.
“La nueva gestión debe sostener y mejorar, dando respuesta y haciendo eco de las responsabilidades legales de cumplir con la ley nacional. Tenemos claramente un escenario bueno, la mortalidad materna por aborto y causas indirectas ha disminuido sustancialmente en Argentina”, aseguró.
Según reportó el Proyecto Mirar, en niñas de 10 a 14 años -que son embarazos relacionados al abuso sexual- la reducción fue del 57% para ese rango etario, mientras que en las adolescentes de 15 a 19 años disminuyó en un 50%, ambas situaciones observadas entre 2018 y 2022.
“Este comportamiento es en buena medida resultado de la aplicación de políticas como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que fue desmantelado por el gobierno nacional actual, la Educación Sexual Integral (ESI) y la implementación de los servicios de aborto”, concluyó Ramos.
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