El gobierno del presidente Abelardo De la Espriella avanza en una reforma del procedimiento de consulta previa en Colombia, el mecanismo que garantiza a pueblos indígenas y afrodescendientes participar en las decisiones que afectan sus territorios. La administración sostiene que busca darle “orden y agilidad” a un proceso que considera estancado, pero organizaciones indígenas y especialistas advierten que los cambios pueden debilitar este derecho fundamental.
La consulta previa es el mecanismo de diálogo que permite a estas comunidades denunciar afectaciones directas por proyectos de infraestructura, mineros, energéticos o petroleros, y llegar a acuerdos con el Estado y empresas. El derecho está reconocido por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la Constitución colombiana de 1991, y es obligatorio cuando hay proyectos que impactan territorios ancestrales.
Tres medidas que modifican el proceso de consulta
El Ministerio de Ambiente emitió un proyecto de decreto que permite adelantar el licenciamiento ambiental en paralelo a la consulta previa, según informó Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Antes, la autorización de proyectos como presas, carreteras o extracción minera debía esperar a que culminara el proceso de consulta y la comunidad diera su visto bueno. “Buscamos reducir tiempos y costos, sin sacrificar el rigor técnico ni los derechos de las comunidades”, expuso el ministro de Ambiente, Fabio Arjona.
Por su parte, el Ministerio del Interior anunció una reforma para digitalizar expedientes y crear una ventanilla única en la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), el organismo encargado de determinar si un proyecto requiere consulta y a qué poblaciones hay que consultar. El exministro del Interior, Rodrigo Lara, quien renunció al cargo el 22 de octubre, había señalado que existen 280 procesos de consulta “sin control” o sin registro claro.
La tercera medida es la directiva presidencial 06, que elimina el test de proporcionalidad, un mecanismo previsto para cuando se cierra un proceso sin acuerdos entre responsables de proyectos y comunidades. Este análisis evaluaba si un proyecto podía continuar a pesar de la falta de consenso. Con la nueva directiva, cuando no se llegue a un acuerdo, cada autoridad adoptará la decisión final sobre el proyecto sin ese análisis de respaldo.
Organizaciones indígenas divididas y especialistas alertan sobre riesgos
Especialistas consultados por Mongabay Latam señalan la importancia de evaluar las consultas previas implementadas en Colombia desde hace 35 años antes de modificar su aplicación. Las organizaciones indígenas están divididas: algunas ven en la reforma una oportunidad para agilizar procesos que se extienden años sin resolución, mientras otras temen que los cambios aceleren proyectos extractivos sin garantías reales de participación.
El gobierno de De la Espriella sostiene que las medidas buscan implementar la digitalización de documentos, evitar la participación de intermediarios en el diálogo y devolver “el espíritu original” de este derecho a las comunidades. Sin embargo, la eliminación del test de proporcionalidad y la posibilidad de tramitar licencias ambientales antes de cerrar la consulta generan cuestionamientos sobre si el equilibrio entre desarrollo e inversión y derechos territoriales se inclina hacia los proyectos.
La reforma al procedimiento de consulta previa en Colombia está en curso mediante ajustes normativos que aún no han sido publicados en su versión final.
Fuente original: https://es.mongabay.com/2026/10/consulta-previa-colombia-cambia-reglas/
