La COP17 de biodiversidad, que se reúne en Antalya (Turquía) durante las próximas dos semanas, debe resolver quién decide cómo se distribuyen los fondos del Cali Fund, el nuevo mecanismo creado en 2024 para compartir beneficios derivados del uso comercial de información genética digital. Hasta ahora, solo cinco pequeñas y medianas empresas aportaron USD 10.656, una cifra irrisoria frente a los USD 3.500 millones anuales que el fondo podría generar, según estimaciones citadas por Climate Home News.
En la COP16, celebrada en Cali (Colombia) en octubre de 2024, los gobiernos se comprometieron a que al menos la mitad del financiamiento del Cali Fund apoye las necesidades autodeterminadas de pueblos indígenas y comunidades locales, incluidas mujeres y jóvenes. La decisión fue considerada un hito en el reparto multilateral de beneficios, pero dejó pendiente el diseño de los mecanismos de acceso.
Dos rutas de acceso: gobierno o directo
La decisión de Cali ofrece dos vías para que el dinero llegue a comunidades: a través de autoridades gubernamentales, o mediante pagos directos a instituciones identificadas por los propios pueblos indígenas y comunidades locales. June Rubis, miembro del comité directivo del Fondo Cali y representante de Sarawak (Borneo Malasio), advirtió en una columna para Climate Home News que el desafío está en traducir el compromiso en arreglos de acceso que reconozcan las distintas instituciones, prioridades y procesos de toma de decisión de cada comunidad.
Según Rubis, los pueblos indígenas y las comunidades locales se organizan a través de una amplia gama de estructuras: organizaciones nacionales o regionales, instituciones territoriales, asociaciones comunitarias, cooperativas o redes. Algunas cuentan con equipos financieros profesionales y cuentas auditadas; otras tienen extensa experiencia en gobernanza territorial sin haber estado organizadas en torno a requisitos de financiamiento internacional.
Evitar que el acceso favorezca solo a quienes ya reciben fondos
La columna plantea varias preguntas críticas: qué instituciones deberían poder recibir fondos, cómo deberían ser identificadas, qué estándares fiduciarios aplicar, cómo funcionarían las salvaguardas y la rendición de cuentas donde las capacidades institucionales difieren, y qué apoyo podría necesitarse cuando las instituciones tienen mandatos comunitarios sólidos pero menos experiencia con finanzas internacionales.
Rubis advierte que si el acceso se diseña principalmente en torno a instituciones que ya cumplen con las expectativas de los grandes mecanismos financieros internacionales, el financiamiento temprano tenderá a favorecer a quienes los financiadores ya conocen. Esas organizaciones ganarán más experiencia y quedarán mejor posicionadas para futuros fondos, mientras que instituciones con menor capacidad administrativa podrían quedar fuera del sistema a pesar de contar con mandatos comunitarios firmes e historias largas de gestión territorial.
El Fondo Cali se estableció en la COP16 para alentar a los usuarios comerciales de Información de Secuencia Digital (DSI, por sus siglas en inglés) a compartir beneficios derivados de su uso. Durante generaciones, la biodiversidad y el conocimiento tradicional indígena han aportado valor significativo a empresas que dependen de la diversidad genética de la naturaleza para descubrir nuevos medicamentos, crear productos que mejoran la salud y cultivar cosechas resistentes a eventos climáticos extremos.
La COP17 se desarrollará hasta el 2 de noviembre. La decisión sobre los mecanismos de acceso directo marcará el primer reparto real de beneficios bajo el nuevo acuerdo global de biodiversidad.
Fuente original: https://www.climatechangenews.com/2026/10/21/cop17-must-settle-who-decides-how-cali-fund-money-is-disbursed/
