La criminalización de defensores ambientales en Ecuador alcanzó un nuevo pico en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar, donde desde 2021 se abrieron más de 50 procesos de investigación penal contra campesinos que se oponen a la minería, según informó Gabriela Verdezoto Landívar en Mongabay Latam. El proyecto Curipamba-El Domo, operado por Curimining SA (filial de las canadienses Silvercorp Metals y Salazar Resources, con participación del Consorcio Nobis de la familia del presidente Daniel Noboa), avanza sobre 30.327 hectáreas concesionadas desde 2003 para extraer oro, cobre y plata.
Fausto Arechua, defensor de la naturaleza y campesino de Las Naves, aplica tácticas de seguridad propias de zonas de conflicto: cambia de ropa al subir al bus, lleva mochila con ropa de repuesto, evita llamar a su familia durante el día porque su teléfono está intervenido. “Mire, yo salgo de aquí, de Las Naves, puesto mi gorrita y llevando mi maletita. Al momento que me subo al bus, saco mi otra camisa de la maleta, me la pongo y me cambio de asiento”, relató a Mongabay Latam. Arechua recibió varias amenazas de muerte por oponerse a la minería en el cerro Piedra Negra, clasificado por el Ministerio de Ambiente como zona de Muy Alta Importancia Hídrica.
El agua como eje del conflicto en Las Naves
Los pobladores de las comunidades Jerusalén, Buenos Aires y otros pueblos cercanos denuncian que desde enero de 2025, cuando arrancó la fase de construcción y el descapote de cobertura vegetal en el cerro Piedra Negra, las vertientes que alimentan el sistema de agua potable comunitaria bajaron con altos niveles de lodo y sedimentación tras las detonaciones con dinamita. De esas fuentes depende la agricultura familiar de Las Naves, poblado de poco más de 7.000 personas.
Casi 500 campesinos, junto con la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), presentaron una Acción de Protección solicitando revocar las licencias y autorizaciones hídricas del proyecto minero. La Justicia desechó la acción a finales de octubre de 2026 y dio vía libre a la minería. Daniel González, vocero jurídico de Silver Corp, aseguró que “el proceso de consulta ambiental se realizó bajo los estándares exigidos por el Estado ecuatoriano, alcanzando un 98% de aprobación dentro del área de influencia directa”. Los campesinos cuestionan la legitimidad de esa consulta, realizada entre junio y diciembre de 2023 bajo el Decreto 754 del entonces presidente Guillermo Lasso, con resguardo policial.
La ley que prohíbe obstaculizar proyectos mineros
En agosto de 2026, Ecuador aprobó una ley que, entre otras disposiciones, prohíbe a las organizaciones no gubernamentales realizar actividades que “obstaculicen proyectos mineros”. La norma profundiza la estrategia de criminalización contra defensores ambientales que se registra en el país. El 2 de agosto de 2026, más de 20 personas de las comunidades afectadas transitaron por un camino vecinal construido por sus padres y abuelos, ahora en manos del proyecto minero, para mostrar a periodistas y defensores de derechos humanos los daños que atribuyen a la presencia del campamento en la zona.
La adjudicación del 80% del cantón Las Naves a Curimining data de entre 2003 y 2006. Veintiún años después, en enero de 2024, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica otorgó la Licencia Ambiental de Explotación tras el proceso de consulta que los campesinos califican de ilegítimo y restringido. Las Naves se encuentra en el subtrópico ecuatoriano, una zona donde nacen varios ríos que abastecen tanto a Bolívar como a la provincia de Los Ríos.
La concesión minera cubre 1.480 hectáreas del territorio de Las Naves, donde la militarización del acceso y la judicialización de la protesta configuran el nuevo escenario para los defensores del agua.
Fuente original: https://es.mongabay.com/2026/11/ecuador-defensores-naturaleza-naves-se-oponen-mineria-criminalizados-territorio-militarizado/
