En un contexto global de transición energética y búsqueda de alternativas sustentables, el biodiesel producido por pymes argentinas se consolida como un actor clave en el mercado interno, aunque enfrenta desafíos regulatorios y económicos que ponen en riesgo su sostenibilidad. Con más de 25 plantas habilitadas en Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, este sector no solo abastece el 7.5% de la mezcla obligatoria con gasoil (Ley 27.640), sino que también dinamiza economías regionales, genera más de 5.000 empleos directos e indirectos y evita la emisión del 70% de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles.
Asimismo, la industria pyme del biodiesel es un eslabón vital en cadenas productivas que van más allá de la energía: desde pequeñas aceiteras y transporte hasta la metalmecánica y desarrollos tecnológicos. Según el sector, su actividad agrega valor en origen —”industrializando la ruralidad“— y reduce la dependencia de importaciones de gasoil (que cubren el 30% del consumo nacional). Sin embargo, su potencial choca con una realidad crítica: desde julio de 2024, las empresas denuncian que los precios fijados por la Secretaría de Energía las obligan a operar “en quebranto”, violando el marco regulatorio que garantiza márgenes razonables.
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El reclamo: seguridad jurídica y trasferencias indebidas a petroleras
Las pymes exigen el cumplimiento de la ley, precios que reflejen los costos reales y previsibilidad para invertir. “Sin reglas claras, no hay futuro para las bioenergías”, advierten, subrayando que el incumplimiento estatal transfirió “indebidamente” más de USD 80 millones a petroleras en perjuicio del sector.
“Las empresas petroleras se llevan las ganancias, ya que ellas aumentan sus precios libremente mientras que el precio del biodiésel está regulado y no cubre los costos de producción”, expresaron desde Casfer, agrupación de pymes elaboradoras de biocombustibles (biodiesel y bioetanol) de Santa Fe. A este cóctel de injusticias y retrocesos que señala el sector, se suma que los márgenes de rentabilidad son muy bajos, entre el 2% y el 3%, y que actualmente los números son negativos, es decir, no cubren los costos variables y fijos.
Juan Ignacio Facciano, vicepresidente de Casfer, argumentó que la situación actual es una discriminación hacia el sector productivo del biodiésel, lo que beneficia a las petroleras al liberar sus precios y pisar los insumos de biodiésel. Además, destacó el impacto ambiental positivo del biodiésel ya que, a diferencia de los fósiles, este combustible reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en más del 75%.
La frágil situación del sector se traduce, según explicó el presidente de la agrupación santafecina, Marcelo Kusznierz, en “la falta de mantenimiento de las plantas, paradas permanentes y despidos de personal, ya que las plantas trabajan a menos del 50% de su capacidad productiva”.
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La respuesta oficial: “la estabilización macroeconómica“
Tal como indicaron fuentes oficiales, el precio del biodiésel viene registrando aumentos sostenidos mes a mes, en línea —e incluso por encima— de otros servicios regulados como el gas o la electricidad. En este contexto, aseguran, “el Gobierno Nacional ha optado por acompañar el proceso moderando el ajuste del impuesto a los combustibles, que se ha mantenido por debajo del incremento acumulado tanto en biocombustibles como en combustibles fósiles“.
Si bien existe una fórmula prevista para la actualización del precio, explicaron que la normativa vigente habilita al Poder Ejecutivo a fijarlo de forma directa, como se viene aplicando actualmente. La diferencia entre el valor asignado y el que surgiría de la fórmula técnica es del orden del 2%, lo que —según remarcaron— “responde a una administración responsable orientada a minimizar impactos sobre la cadena de valor y los consumidores, sin desatender la sostenibilidad del sector.”
“Nuestra prioridad es garantizar previsibilidad en un contexto de estabilización macroeconómica”, subrayaron. No obstante, y con respecto a los USD 80 millones transferidos a las petroleras que denuncian las pymes del biodiesel, este medio no tuvo respuesta al cierre de la edición de este artículo.
Más allá del desafío de mantener la estabilidad macroeconómica, lo cierto es que la salida está en manos del Estado: garantizar un marco estable o profundizar una crisis que, más allá de los números, impacta en empleos, innovación y el medio ambiente.
Es que mientras que el biodiesel pyme busca consolidarse como pieza de un modelo sostenible, la demora en resolver su situación expone tensiones más profundas: la falta de coordinación entre las metas ambientales, las necesidades regionales y la política económica. Para los productores, el mensaje es claro: “Sin decisiones coherentes, Argentina desperdicia una oportunidad histórica de avanzar hacia la soberanía energética y la sustentabilidad“.
