El Ministerio de Seguridad creó un nuevo Comando de Seguridad Productiva que tendrá a cargo la intervención en zonas portuarias, de producción de hidrocarburos, mineras y parques industriales para asegurar el desarrollo de las actividades productivas ante posibles bloqueos.
Desde las organizaciones socioambientales y de derechos humanos criticaron que ante los conflictos las fuerzas de seguridad “van a estar del lado de las empresas” y que se atenta contra el derecho a la protesta de las comunidades en defensa del ambiente.
Los argumentos del Ministerio de Seguridad
En un decreto publicado el 6 de septiembre en el Boletín Oficial, el ministerio comandado por Patricia Bullrich esgrimió que la creación de este cuerpo se da porque “se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción”.
En ese sentido, se mencionó que este tipo de hechos ocurrieron en zonas portuarias de Bahía Blanca o San Lorenzo, zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta, zonas mineras o parques industriales.
“Existen sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a su conexión con los servicios públicos, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de una seguridad especial”, aseguró la cartera.
El Comando Unificado de Seguridad Productiva estará integrado por el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura Naval, Seguridad Aeroportuaria y cuerpos de policías provinciales.
Los cuestionamientos de los organismos de Derechos Humanos
Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explicó a EcoNews que la creación del comando “es un gesto político muy claro de cuál sería la intervención estatal en casos de conflictividad”.
“Cuando haya un conflicto entre empresas y comunidades o trabajadores se propone que la intervención de las fuerzas de seguridad va a ser para el lado de las empresas”, aseguró.
“Lo que sucede es una suerte de privatización de un recurso público como son las fuerzas de seguridad porque estarían defendiendo los intereses de las empresas en vez de intervenir para regular la conflictividad”, agregó.
Tufró advirtió que “ninguna de estas resoluciones implica un cambio normativo, las fuerzas policiales no pueden hacer algo distinto a lo que ya podían hacer antes” y criticó que el Ministerio de Seguridad “se arroga la facultad de definir cuáles son esos sectores estratégicos de la economía”.
Las críticas de las organizaciones socioambientales
“Bajo el pretexto de la ‘seguridad productiva’, no se debe limitar ni amenazar el derecho constitucional a la protesta. Se estigmatiza a las personas defensoras del ambiente y disminuye la calidad de la democracia”, aseguró en un comunicado la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La organización acusó que la resolución ministerial “desconoce que la mayoría de las veces quienes protestan de manera pacífica son comunidades locales, indígenas, campesinas o urbanas, consideradas personas defensoras del ambiente”.
En ese sentido, recordaron que los defensores ambientales están protegidos por normas internacionales como el Acuerdo de Escazú “ya que justamente América Latina es la región más peligrosa para defender la naturaleza”.