La eliminación del Fondo para la Protección Ambiental de Bosques Nativos a través del decreto 888/2024 ha generado una profunda preocupación en el sector ambiental.
En una controversial decisión, el Gobierno Nacional ha anunciado la eliminación de tres fondos fiduciarios: el Fondo para la Protección Ambiental de Bosques Nativos, el Fondo Nacional de Emergencias y el Fondo Fiduciario PROGRESAR. Según las autoridades, esta medida se justifica por la supuesta ineficiencia, inactividad o problemas de gestión de estos fondos.
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La eliminación del Fondo para la Protección Ambiental de Bosques Nativos a través del decreto 888/2024 ha generado una profunda preocupación en el sector ambiental. Este fondo era fundamental para compensar a las provincias que preservaban sus bosques nativos y para financiar la implementación de la Ley de Bosques Nativos.
Organizaciones como WWF Argentina han alertado sobre las graves consecuencias de esta decisión, señalando que “una decisión de esta índole no solo iría a contramano de las crisis climática y ecológica que atraviesa el mundo, sino que pondría fin a un instrumento esencial para la aplicación de la ley”.
Por otro lado, el Fondo Fiduciario PROGRESAR, destinado a financiar becas estudiantiles y programas de apoyo a estudiantes, también fue eliminado. Según el Gobierno, este fondo nunca llegó a implementarse.
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En cuanto al Fondo Nacional de Emergencias, las autoridades aseguran que nunca contó con presupuesto asignado. Sin embargo, su eliminación plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para responder ante situaciones de crisis a nivel nacional.
Desde Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) se destaca que, a pesar de las dificultades, el Fondo para la Protección de Bosques Nativos logró avances significativos, como la creación de una institucionalidad nacional y provincial en materia de gestión de bosques nativos y la reducción de las tasas de deforestación.
La eliminación de estos fondos ha generado un amplio debate sobre la política económica del Gobierno y las prioridades en materia ambiental y social. Críticos argumentan que esta decisión podría tener un impacto negativo en la conservación de los recursos naturales, la educación y la capacidad del Estado para responder ante emergencias.
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