La demanda colectiva por la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Glaciares, presentada en mayo ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, La Pampa, continúa sin respuesta judicial sobre las medidas cautelares solicitadas, según informó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en un comunicado publicado este 10 de septiembre.
Greenpeace, FARN y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) presentaron la acción el 5 de mayo junto a asambleas territoriales y más de 850.000 adhesiones ciudadanas recolectadas en menos de dos semanas. El pedido central: suspender la aplicación de la reforma mientras se resuelve el fondo de la causa y evitar que se autoricen proyectos capaces de dañar glaciares.
De acuerdo con FARN, el juez Juan José Baric recién se declaró competente el 8 de octubre, más de cinco meses después de la presentación inicial. En esa misma resolución, según el comunicado de la organización, el magistrado cuestionó con “excesivo rigor procesal” las presentaciones de Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares original, y de referentes de la Asamblea de Jáchal, observaciones que podrían dejarlos fuera del proceso.
El caso del glaciar GE110 y el proyecto minero Vicuña
El 16 de junio, mientras la medida cautelar permanecía sin respuesta, el gobierno nacional aprobó el ingreso al RIGI del proyecto minero Vicuña, en San Juan. Según denunciaron las organizaciones en una nueva presentación judicial del 23 de junio, en la zona de intervención está el Glaciar GE110, incorporado al Inventario Nacional de Glaciares.
Las organizaciones solicitaron entonces una cautelar específica para impedir que ese glaciar pueda ser retirado del Inventario mientras se resuelve la causa. Ese pedido tampoco recibió respuesta del juzgado, de acuerdo con el informe de FARN.
Por qué importa la protección de los glaciares
Los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce para millones de personas. En Argentina, abastecen cuencas hídricas en zonas de alta presión por actividad minera. La Ley 26.639, sancionada en 2010, establecía un régimen de protección basado en el principio precautorio y prohibía actividades extractivas en glaciares y ambientes periglaciales.
La reforma sancionada en 2026 bajo la Ley 27.804 eliminó la categoría de “ambiente periglacial” del régimen de protección y habilitó la revisión del Inventario Nacional de Glaciares, lo que según las organizaciones ambientalistas debilita la protección efectiva de estos cuerpos de hielo.
FARN advirtió en su comunicado que la demora judicial “no puede analizarse al margen de los principios de prevención y precaución, que en materia ambiental exigen una respuesta oportuna frente a riesgos que pueden derivar en daños irreversibles”. El proyecto Vicuña ya fue incorporado al RIGI y la reforma sigue vigente.
Fuente original: https://farn.org.ar/ley-de-glaciares-5-meses/
