Diversas organizaciones ambientales y vecinales presentaron una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, acusándolo de incumplir los fallos judiciales que ordenaban la limpieza y saneamiento integral de la Cuenca Matanza-Riachuelo, uno de los cursos de agua más contaminados del mundo.
Los reclamos históricos y los incumplimientos
El Riachuelo, que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y parte de la provincia, arrastra décadas de contaminación industrial, desechos cloacales y basura. En 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó su saneamiento en el fallo “Mendoza”, estableciendo plazos y metas concretas. Sin embargo, 16 años después, las organizaciones denuncian que los avances son insuficientes y que persisten graves problemas ambientales y de salud pública.
“El 22 de octubre de 2024 la CSJN decidió dar por culminada su intervención y abandonar el seguimiento de la ejecución de su propia sentencia, sin tener en cuenta los incumplimientos por parte del Estado para garantizar el derecho a vidas dignas de los afectados”, denuncia FARN en su sitio web, y agrega: “Tras el cierre de la causa judicial, la propia ACUMAR reconoce que la ejecución de las soluciones habitacionales únicamente alcanza al 42%. No solo se encuentran pendientes las relocalizaciones necesarias para construir el camino de sirga, sino que además quedan incompletos casi la totalidad de los arreglos, mejoramientos definitivos y urbanizaciones. Tampoco se ha puesto en marcha aún el Sistema Riachuelo, obra imprescindible no solo para brindar adecuado servicio de agua y cloaca al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y parte del conurbano bonaerense, sino para tratar los residuos orgánicos que hoy contaminan el Riachuelo”.
El Riachuelo: contaminación, crisis ambiental y olvido
El Riachuelo, que recorre 64 kilómetros desde la provincia de Buenos Aires hasta su desembocadura en el Río de la Plata, es considerado uno de los cursos de agua más contaminados del planeta. Su degradación no es reciente: acumula más de 200 años de abandono, industrialización descontrolada y fallas estatales.
La operación de industrias sin regulación es una de las principales causas de la crisis ambiental. Es que, desde el siglo XIX, se instalaron fábricas de curtiembres, químicas, petroquímicas y metalúrgicas en sus orillas, muchas sin sistemas de tratamiento de efluentes. Según ACUMAR, el 60% de la contaminación proviene de residuos industriales, como metales pesados (plomo, cromo, mercurio) e hidrocarburos. Aunque hay leyes, el control es débil: solo el 30% de las 3.000 empresas de la cuenca están fiscalizadas.
Se estima que unas 4 millones de personas viven en la cuenca, pero el 40% no tiene cloacas, y gran parte de los desagües van directo al río.
“En CABA, se estima que aún hoy resta brindar soluciones habitacionales a más de 700 familias de la Villa 21-24, 150 del barrio Lamadrid y un número indeterminado de los barrios Magaldi, Luján y El Pueblito. Asimismo, al día de hoy, no hay proyecto ni obras encaminadas para la urbanización de los barrios afectados por la sentencia Mendoza. La situación también es de extrema gravedad en la Provincia de Buenos Aires. Tampoco se cumple con los parámetros de calidad de agua establecidos por la propia ACUMAR y la cobertura de la red cloacal es de apenas el 56%”, señala FARN.
Ante el incumplimiento que denuncias diversas organizaciones, los vecinos exigen que el Riachuelo deje de ser un símbolo de abandono y se convierta, por fin, en un río vivo.
