La Patagonia chilena, un refugio de biodiversidad esencial para el almacenamiento de CO2, se ha transformado en el epicentro de un grave conflicto socioambiental. Sus ecosistemas, custodiados históricamente por pueblos indígenas y comunidades locales, no solo están entre los diez más afectados por el cambio climático, sino que se han convertido en las zonas más impactadas por la acuicultura —grandes granjas de peces— a gran escala.
La industria salmonera, que concibe al mar única y exclusivamente como un sitio de explotación comercial, se ha instalado en los fiordos y canales de aguas limpias del sur del país, saturando regiones como Los Lagos y buscando expandirse a otras nuevas como Magallanes, donde los pobladores batallan por evitar su crecimiento.
Allí, comunidades ancestrales como la Kawésqar y la Mapuche Lafkenche habitan el territorio desde hace siglos y ven al océano con una mirada totalmente opuesta: como una parte integral de su existencia.
“La sostenibilidad es la fuente de sustento que ha mantenido a estas regiones a lo largo del tiempo. No estamos desvinculados la tierra del mar o el mar de la tierra, en estos espacios el trabajo es mutuo. Todo es un vínculo, una unión. No podría separarse la tierra del mar. El concepto de maritorio unifica esta forma de vida”, explica Juan Catín, dirigente social de la comunidad indígena de Buill en la región de Los Lagos.
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El ‘maritorio’ es la forma en la que las comunidades costeras se refieren al mar como una parte integral de su territorio. El concepto hace referencia a la comunicabilidad, la riqueza, la adversidad y las energías que el mar y la costa ofrecen, como así también a las relaciones materiales e inmateriales que surgen entre las comunidades y el mar. Todo eso es lo que se ve amenazado por la expansión de la salmonicultura, que avanza por sobre el maritorio con un método destructivo basado en la cría intensiva de animales exóticos, el abuso de antibióticos, la explotación comercial y finalmente la exportación.
El impacto de la salmonicultura: datos del conflicto
La industria salmonera ha crecido exponencialmente en Chile en las últimas décadas, convirtiendo al país en el segundo mayor productor mundial de salmón cultivado, solo superado por Noruega. Es la segunda mayor exportación de Chile en valor, solo superado por la minería del cobre.
En las regiones productoras, incluyendo Los Lagos, Aysén y Magallanes (donde el porcentaje de la población que se considera perteneciente a un pueblo indígena alcanza el 26.7%, 29.2% y 23.4%, respectivamente), la salmonicultura aporta conjuntamente el 17.6% del PIB regional ¹.
Pero detrás de esos números subyace una realidad distinta: la industria, concentrada en manos de empresas extranjeras, suele operar con técnicas menos estrictas en materia ambiental que en sus países de origen², amenazando la subsistencia y la cultura de los pueblos que dependen de la salud de estos ecosistemas.
La expansión de la salmonicultura está directamente vinculada al “colapso sanitario y ambiental” ³ ocurrido en regiones como Los Lagos y Aysén, lo que la impulsa a expandirse hacia nuevos ambientes donde operar, como Magallanes.
Salmonicultura en Chile: conflictos comunitarios y contaminación
Juan Catín señala que inicialmente, en los años 80 y 90, la industria generó empleo, pero luego se tecnificaron y dejaron de necesitar mano de obra. Esto derivó en gastos para los pobladores que habían refaccionado casas o construido pensiones con la ilusión de una oportunidad continua, las cuales finalmente no se utilizaron: “Que la industria diga que ha generado un impacto positivo, para nosotros no es así”, afirma.
A nivel ambiental, la cría intensiva de salmones genera desechos orgánicos (heces y alimento no consumido) que se acumulan en el fondo marino, creando zonas donde la vida marina es casi imposible.
En conversación con EcoNews, Juan recordó las floraciones masivas de algas (“marea café”) que, aunque potenciadas por el calor, también se relacionan con la cantidad de químicos y antibióticos en el agua provenientes de la salmonicultura. El efecto de estos últimos se siente. Catín advierte que “los antibióticos se mantienen en el agua y llegan a otros animales como los mariscos”, que es lo que luego comen las comunidades.
Más de 1.000 kilómetros al sur, en Magallanes, Leticia Caro, referente de la comunidad Kawésqar, confirma los impactos negativos de la misma industria.
En diálogo con EcoNews explica: “Lo que no se ve es lo que sucede en el fondo marino. La fauna nativa empezó a mermar: el róbalo, el pejerrey y los pescados que pescamos nosotros comenzaron a disminuir y aumentó la cantidad de salmones por los escapes”.
Para Leticia, la realidad en Magallanes es distinta: “Nosotros estamos evitando esa expansión. Es una lucha que logramos detener hace más de 7 años. No hay la cantidad de jaulas que hay en Chiloé o en Aysén, donde la industria está establecida de manera completa. Acá no hay dependencia de la industria. En Chiloé, en cambio, la gente depende de los trabajos que genera la industria. En Magallanes traen trabajadores de Chiloé porque acá no hay mano de obra. O sea, los empleos que genera los está ocupando gente de otras regiones”.
El daño sociocultural que se genera es enorme, según agrega: “Tiene que ver con la intromisión dentro de los pueblos indígenas. La industria usa beneficios económicos a través de convenios, hacen que la gente se vuelva muy dependiente de ellos, y todos los que han hecho estos convenios no saben el valor de su territorio”.
Como si fuera poco, la salmonicultura también promueve la generación de basurales clandestinos que “la superintendencia no resuelve porque va a favor de la industria” y actos de intimidación, arrasando con lanchas industriales las zonas donde los pesqueros artesanales originalmente llevaban a cabo su labor. “No hay espacio para nosotros dentro de un lugar que antes era para la pesca artesanal”, afirma.
Frente a todas estas amenazas, la Ley N° 20.249, conocida como Ley Lafkenche (2008), que reconoce los usos consuetudinarios y la pesca de las comunidades originarias, y la figura de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), se han convertido en herramientas vitales para la defensa del maritorio y la conservación ambiental.
Ley Lafkenche y las ECMPO: herramientas de defensa territorial
La Ley Lafkenche se estableció para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y proteger los ecosistemas costeros que habitan: “Es la mejor ley que se pudo haber creado para los pueblos indígenas: reconoce nuestros usos consuetudinarios, reconoce este hito sobre la pesca indigena que no está reconocido en la Ley de Pesca”, afirma Caro.
Esta legislación creó la figura de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), áreas que son gestionadas por las propias comunidades para preservar sus prácticas tradicionales y costumbres, y que sirven como herramientas para la planificación local y la conservación ambiental.
Para Juan Catín, el ECMPO ha sido una “herramienta de lucha” que les permitió frenar la invasión salmonera y otras industrias acuícolas, como ocurrió con una propuesta de captación de semillas de choritos a gran escala en el fiordo Comau. El principal valor de este recurso, dicen, es que la misma gente que conoce, trabaja y vive de esos espacios los administra para conservar y regenerar la zona.
La Ley Lafkenche obliga a la industria a dialogar con las comunidades si existe un ECMPO y eso es lo que la industria ve como una herida, afirma Catín: “Antes de esta ley, la industria negociaba con los grandes. Hoy en día la ley los obliga a dialogar con las comunidades para ver si están de acuerdo o no”.
Pero enfrenta sus desafíos. La industria salmonera ha difundido información falsa, como la creencia de que los ECMPO prohibirían toda actividad pesquera o excluirán a los pescadores artesanales. Esta desinformación genera divisiones dentro de las comunidades, según cuenta Catín.
Los procesos de aprobación también se han visto afectados. Legalmente debería tomar unos 30 meses (2.5 años) declarar un ECMPO. En la práctica, tarda en promedio 81 meses (casi 7 años), en palabras de Juan. La solicitud ECMPO Weki-Wil, por ejemplo, fue ingresada a fines de 2019 y ya lleva 5 años en espera debido a la deficiencia del Estado, que carece de sustento económico y personal para agilizar los trámites, según cuenta.
En la misma línea, Leticia Caro comparte que ya hicieron dos solicitudes de espacios costeros: “Nos han dicho con antelación que los van a rechazar. Las razones que esgrimen, como la supuesta poca capacidad de gestión de los pueblos indígenas, están cargadas de racismo y violencia. Nos dicen ‘ustedes no pueden acceder a esto porque son indígenas’”.
Aún así, las comunidades destacan el hito que marcó este recurso legal: “Más allá de que nos den los ECMPO o no, el uso de la ley es reconocimiento, eso es útil”.
Prácticas y economía de conservación: la otra forma de vivir el maritorio
La sostenibilidad en el maritorio ancestral se hace evidente en su tradición de conservación y el respeto por los ciclos de la naturaleza. Las prácticas de las comunidades costeras se centran en el uso sostenible y el mantenimiento del equilibrio de los recursos.
A diferencia de lo que plantea la explotación comercial, las prácticas ancestrales que las comunidades costeras quieren mantener consisten en “consumir lo que vas a necesitar”.
Tradicionalmente, si se obtenían más productos de los necesarios, se compartían con los vecinos para mantener el equilibrio y evitar que el producto se perdiera, explica Juan. Esa es su filosofía.
Las actividades se trabajan con ciclos lunares, por períodos o temporadas. Una marea que permite sacar mariscos ocurre cada 15 días o un mes; en ese tiempo se saca lo que se necesita, se conserva y se comparte, permitiendo que la playa y el espacio “descanse y se regenere”. Además, se extrae en cierto tamaño para no sobreexplotar.
La vinculación con el mar también es cultural y de subsistencia, siendo el mar la vía de comunicación y medio de transporte entre caletas, además de proveer paisajes y calma.
Muchos pescadores artesanales aprendieron los temas de las mareas y cuándo mariscar de sus padres, continuando con la cultura ligada al mar.
Ante el enfrentamiento entre una industria global que sigue buscando expandirse y las voces que buscan un futuro sostenible basado en la sabiduría ancestral y la administración propia de sus territorios, la lucha de las comunidades por el maritorio no es solo una defensa ambiental, sino también un esfuerzo por preservar su identidad cultural y sus derechos humanos frente a un modelo económico extractivista que da prioridad a la rentabilidad sobre la justicia ambiental.
- ¹ CENSO 2024, Instituto Nacional de Estadísticas
- ² Luthman, M. Jonell, M. Troell. 2019. Gobernanza de la industria salmonicultora: Comparación entre las regulaciones nacionales y el estándar para salmón de la ASC
- ³Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Los Riesgos de la Expansión Salmonera en la Patagonia Chilena. 2018.
