El despido de la científica Virginia Aparicio del INTA en Argentina desató una ola de denuncias por censura en la comunidad científica del país. Aparicio, investigadora con más de 20 años de trayectoria en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y doctora en ciencias agrícolas, fue removida en octubre de 2026 por supuestas irregularidades en un proyecto internacional sobre exposición a plaguicidas. Según informó el Buenos Aires Herald, sus colegas sostienen que la verdadera causa fue la incomodidad que generaron sus hallazgos.
La investigadora participaba del proyecto SPRINT (Transición Sostenible en Protección Vegetal: un Enfoque de Salud Global), financiado por la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Wageningen en Países Bajos. Los resultados del equipo de Aparicio detectaron glifosato en casi el 90% de las muestras de sangre humana analizadas en Argentina, además de clorpirifós en el 37,7% de los casos. También hallaron residuos de plaguicidas en agua superficial, aire, alimentos, polvo doméstico y suelo.
La cronología de un despido cuestionado
En junio de 2023, el INTA suspendió la presentación pública de esos resultados. En diciembre del mismo año, abrió un sumario administrativo contra Aparicio y la removió del proyecto. El 26 de octubre de 2026, el Consejo Directivo del INTA aprobó su cesantía mediante la Resolución N° 366, firmada por Nicolás Bronzovich, presidente del organismo.
La sanción es la más severa que contempla la ley de empleo público argentina: expulsa a Aparicio del INTA de forma permanente y le prohíbe trabajar en la administración pública nacional durante al menos cinco años. Según el Buenos Aires Herald, el INTA fundamentó la medida en el uso indebido de recursos del Estado y la violación de normas sobre manejo de autoridad oficial.
Entre las acusaciones formales, el instituto cuestionó el envío de muestras biológicas humanas a laboratorios en el exterior sin autorización institucional probada, pese a que el acuerdo original estipulaba análisis en Argentina. También objetó la participación de José Luis Costa, exinvestigador del INTA y pareja de Aparicio, quien habría accedido a información confidencial y asumido tareas de coordinación sin aval formal.
Qué dice la defensa de la científica removida
Aparicio publicó un video en Instagram el 28 de octubre en el que denunció una campaña de desprestigio. “Se lanzó una campaña para desacreditar tanto la investigación como mi rol en ella. El sumario concluyó con mi cesantía del servicio público, una decisión tomada por el Consejo Directivo del INTA y su presidente”, afirmó la científica, según reprodujo el Buenos Aires Herald.
Su abogado, Mario Bolla, anticipó que prepara un recurso judicial ante la justicia federal de Mar del Plata para revertir la sanción. Bolla cuestionó la severidad de la pena, que va más allá de impedirle continuar su investigación en el INTA. “Esta medida no solo está destruyendo la carrera de una científica destacada; también está violando el derecho del público a acceder a información ambiental y de salud pública, obligaciones que asumió el Estado argentino al ratificar el Acuerdo de Escazú”, declaró el letrado a La Izquierda Diario.
Aparicio también fue inhabilitada para reunirse formalmente con los voluntarios monitoreados durante el estudio. El INTA reconoció que la investigadora no obtuvo beneficio personal del supuesto mal uso de fondos y que no tenía antecedentes disciplinarios previos, según señaló su defensa.
El caso reaviva el debate sobre la autonomía de la investigación científica en Argentina y la presión que enfrentan quienes estudian el impacto de agroquímicos en un país donde el modelo productivo agroindustrial es central. Los datos del proyecto SPRINT quedaron sin presentación pública formal en territorio argentino desde 2023.
Fuente original: https://buenosairesherald.com/society/inta-fired-a-scientist-for-irregularities-colleagues-say-it-was-her-findings
