El gobierno de Lula enfrenta un grave problema en términos ambientales. Brasil aprobó un nuevo proyecto que le quita poderes a los ministerios de Ambiente y Pueblos Indígenas. Diputados y Senadores aprobaron la medida con una gran ventaja.
La modificación obtuvo 337 votos a favor y 125 en contra en Diputados; y 51 a favor y 9 en contra en Senadores, según informó Télam. A raíz de esto, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentaría con grandes dificultades para cumplir los objetivos climáticos prometidos.
El alcance del Ministerio de Ambiente será menor. En primer lugar, perderá sus competencias sobre el registro de tierras rurales. Esto dificultará el monitoreo de la deforestación ilegal. Además, ya no tendrá la gestión de los recursos acuíferos.
El Ministerio de Pueblos Indígenas, por su parte, perderá la facultad de demarcar nuevas tierras indígenas. Esto habilitaba a las comunidades originarias a volver a sus tierras ancestrales y gestionar los recursos naturales de la región.
El poder de demarcación de tierras pasará a manos del Ministerio de Justicia. Esta medida no solo afecta los derechos de las comunidades, sino que también podría significar un avance de la explotación y deforestación de los territorios.
El Ministerio de Ambiente “desmantelado” tras la partida de Bolsonaro
Tras la asunción de Lula, Marina Silva, la reconocida ecologista brasileña, volvió a dirigir el Ministerio de Ambiente. Ya había ocupado el cargo entre 2003 y 2008. “La realidad es mucho peor de lo que esperábamos”, dijo la ministra al asumir en diálogo con AFP.
Marina Silva denunció que durante el gobierno de Jair Bolsonaro el Ministerio de Ambiente no obtuvo el protagonismo necesario. “El esfuerzo no será pequeño, porque el desmantelamiento [del ministerio] que tuvimos en estos cuatro años, fue muy grande”, dijo.
La nueva ministra prometió devolverle la prioridad a la agenda ambiental. Una de sus metas más ambiciosas es la de la deforestación cero para 2030.
Segundo golpe para los derechos indígenas
La inhabilitación para demarcar las tierras indígenas es el segundo golpe para las comunidades en unos pocos días. Esta semana, Diputados dio media sanción a un proyecto que disminuye aún más su derecho a las tierras.
El proyecto busca establecer que los pueblos indígenas solo tienen derecho a las tierras que ocupaban en 1988, es decir, al momento de la promulgación de la Constitución. Esto despertó una gran polémica.
Las comunidades originarias rechazaron el proyecto. Manifestaron que los pueblos indígenas sufrieron persecuciones y tuvieron que abandonar sus tierras a lo largo de los siglos; y más aún durante la dictadura militar que sufrió Brasil entre 1964 y 1985.
