En Argentina, la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial es una herramienta jurídica de vanguardia y una conquista histórica de la sociedad civil. Fue el resultado de años de movilización social, debates públicos y participación ciudadana que lograron instalar la protección del agua como una prioridad nacional.
Sin embargo, el proyecto de reforma presentado por el Poder Ejecutivo, que busca modificar aspectos centrales de la norma vigente, pone en riesgo ecosistemas vitales y podría habilitar actividades extractivas en áreas hoy protegidas, ya cuenta con la media sanción del Senado. En este escenario, previo a su tratamiento en la Cámara de Diputados, la participación ciudadana tendrá lugar en una audiencia pública el 25 y 26 de marzo.
La audiencia ya registra una cantidad sin precedentes de personas inscriptas de todo el país y la cifra continúa creciendo, configurando una instancia histórica de participación ciudadana en la defensa del agua y de los glaciares en Argentina, que demuestra que no se trata solo de una causa ambientalista sino de una demanda de la sociedad en su conjunto.
Esta instancia no es solamente un acto de la sociedad haciendo uso de sus derechos civiles fundamentales, sino una oportunidad clave para que la ciudadanía, la comunidad científica y las organizaciones sociales expresen de manera directa su posición frente a una reforma que implica un claro retroceso ambiental. La audiencia pública es, además, uno de los mecanismos más relevantes de participación democrática para fortalecer la transparencia y la legitimidad en decisiones que afectan bienes comunes esenciales como el agua.
Los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua dulce del país. En un país con vastas zonas áridas y semiáridas, especialmente en la región cordillerana, estos ecosistemas actúan como reguladores hídricos fundamentales y garantizan el suministro de agua para el consumo humano, la agricultura y el mantenimiento de la biodiversidad.
Cualquier reforma que pretenda condicionar la protección de glaciares y ambientes periglaciares a una supuesta “función hídrica relevante” determinada por criterios administrativos, abre la puerta a actividades industriales de alto impacto, como la megaminería, en zonas donde hoy la ley vigente lo prohíbe. Esto implica que cuerpos de hielo ya identificados por la ciencia podrían dejar de estar protegidos si una autoridad provincial decide que su función hídrica no es “suficiente”, debilitando el principio preventivo que guía la legislación ambiental argentina.
La participación ciudadana funciona como un escudo de protección ambiental. La discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares no puede ocurrir a puertas cerradas ni avanzar mediante procedimientos acelerados que limiten el debate público, especialmente cuando se trata de ecosistemas estratégicos para el futuro hídrico del país.
A su vez, Argentina tiene la obligación de activar los mecanismos de participación ciudadana, cuando lo que está en debate es una ley de presupuestos mínimos, cuya reforma afectará gravemente el acceso al agua y la resiliencia climática de amplias regiones del país.
Como país firmante del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional con una jerarquía superior a las leyes nacionales, Argentina debe garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Estos principios obligan al Estado a asegurar procesos participativos abiertos, informados, federales y con acceso real a la información en toda decisión que pueda afectar el ambiente y los derechos de las comunidades.
La reforma de una ley tan sensible exige un debate amplio y plural, escuchando especialmente a las comunidades que viven al pie de la Cordillera de los Andes y que dependen directamente de los ríos alimentados por glaciares para su abastecimiento de agua, producción agrícola y desarrollo local.
La historia ambiental de Argentina nos sigue demostrando que los grandes logros, incluida la sanción de esta ley en 2010, se consiguen gracias a la movilización social. La voz de la ciudadanía y de la ciencia son lo que transforman un pedido de acción en una prioridad política.
Defender la Ley de Glaciares es defender la soberanía hídrica de Argentina. No se trata sólo de proteger masas de hielo lejanas, sino de asegurar que las futuras generaciones tengan acceso al recurso más básico para la vida. En un contexto de crisis climática y retroceso acelerado de glaciares en todo el mundo, debilitar las herramientas de protección existentes sería un paso en la dirección contraria a lo que exige la evidencia científica.
Desde las organizaciones, hacemos un llamado a la ciudadanía a participar en la audiencia pública, firmar peticiones, difundir información verificada en redes sociales y exigir al Congreso transparencia y responsabilidad para con los ciudadanos que dependemos de sus decisiones. La protección del agua es una causa colectiva y una responsabilidad compartida.
La Ley de Glaciares no se toca, porque el agua de los argentinos y argentinas no es una mercancía ni un recurso reemplazable: es la base misma de la vida, los ecosistemas y el desarrollo del país.
- Artículo de opinión firmado por las organizaciones: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – CAJE, Aves Argentinas, Greenpeace Argentina, Círculo de Políticas Ambientales, Consciente Colectivo y Jóvenes por el Clima.
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