Filipinas acelera la extracción de minerales críticos bajo un nuevo marco normativo que habilita hasta 9 millones de hectáreas para prospección minera, más de 11 veces el área actualmente aprobada para proyectos extractivos, según advirtió el Centro de Derechos Legales y Recursos Naturales (LRC), organización especializada en derechos indígenas y ambientales.
El presidente Ferdinand Marcos Jr. firmó el 18 de agosto la Orden Ejecutiva No. 122, que establece un programa nacional de exploración y reservas minerales con foco en níquel, cobalto y otros metales esenciales para baterías de vehículos eléctricos y tecnologías de energía renovable. La norma, según informó Keith Anthony Fabro en Mongabay, ordena al Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales implementar un sistema de ventanilla única virtual que procesará permisos mineros de forma simultánea, en lugar de secuencial.
Los 9 millones de hectáreas representan el 30% del territorio nacional
La cifra oficial de áreas prospectivas equivale al 30% de la superficie total de Filipinas y supera ampliamente las 813.575 hectáreas que actualmente cubren los proyectos mineros aprobados, según el análisis del LRC. El organismo estima que 424.830 hectáreas, el 54% del área minera vigente, ya se superpone potencialmente con territorios ancestrales reconocidos.
Rogelio Andrada II, director del Instituto de Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Filipinas Los Baños, explicó a Mongabay que la minería es esencialmente disruptiva para cualquier ecosistema, sea forestal, de agua dulce o pastizal, porque se trata de una industria extractiva.
Comunidades indígenas advierten que el consentimiento informado queda sin garantías
Victor Colili, líder indígena Pala’wan de Brooke’s Point en la isla de Palawan, denunció que la expansión minera intensificará presiones sobre comunidades que ya enfrentan operaciones de níquel en sus territorios ancestrales. “En Palawan prácticamente no hay ningún lugar donde se pueda minar que no sea bosque y tierra ancestral”, declaró Colili a Mongabay.
La Orden Ejecutiva 122 permite que el proceso de obtención del consentimiento libre, previo e informado (FPIC, por sus siglas en inglés) de las comunidades indígenas se lleve a cabo simultáneamente con otros trámites, antes de que las evaluaciones de impacto ambiental estén completas. “Las comunidades no pueden dar consentimiento informado a un proyecto minero si aún no han visto ni comprendido los impactos ambientales completos de ese proyecto”, advirtió E.M. Taqueban, director ejecutivo del LRC.
Colili señaló que las familias indígenas dependen directamente de los bosques y otros recursos naturales para agricultura y subsistencia. “Si su territorio se vuelve más pequeño, la tierra de la que dependen para su sustento diario también se reduce”, explicó el líder Pala’wan, quien agregó que la minería puede profundizar divisiones dentro de las comunidades indígenas, particularmente cuando los pagos de regalías crean intereses contrapuestos sobre las tierras ancestrales.
La industria minera filipina respaldó el nuevo marco normativo por ofrecer permisos más rápidos y predecibles, mientras organizaciones ambientales e indígenas reclaman mayor participación comunitaria y salvaguardas antes de que se avance con el desarrollo de minerales críticos a gran escala. Mongabay solicitó comentarios al Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que al cierre de esta nota no había respondido sobre cómo garantizará el consentimiento informado bajo el esquema de permisos simultáneos.
Fuente original: https://news.mongabay.com/2026/09/philippines-fast-tracks-critical-minerals-raising-indigenous-environmental-concerns/
