Un informe presentado por organizaciones indígenas en la COP17 de biodiversidad advirtió que los créditos de biodiversidad están impulsando el acaparamiento de tierras y el desplazamiento de comunidades locales en todo el mundo. El documento, divulgado durante la cumbre que se realiza en Ciudad del Cabo, cuestiona el mecanismo que gobiernos y empresas promueven como clave para financiar las metas de conservación 2030.
Según el reporte, presentado por la Alianza Global de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, al menos 18 proyectos de créditos de biodiversidad registrados en los últimos dos años provocaron restricciones de acceso a territorios ancestrales en África, Asia y América Latina. El informe documenta casos en Kenia, Indonesia y Brasil donde empresas compraron derechos sobre áreas naturales sin consulta previa ni consentimiento de las poblaciones que las habitan.
“Nos están convirtiendo en guardaparques sin tierra propia”, declaró Miriam Wangari, representante de comunidades masai en Kenia, según cita el documento presentado en la COP17. Wangari denunció que tres proyectos de créditos de biodiversidad en el sur de Kenia restringieron el pastoreo tradicional en más de 40.000 hectáreas desde 2024.
La IUCN publica directrices paralelas sobre integridad ecológica
En paralelo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) presentó en la COP17 un conjunto de directrices técnicas para incorporar indicadores de integridad ecológica en actividades de conservación. El documento, elaborado durante dos años con aportes de más de 200 científicos, propone que gobiernos y empresas adopten métricas específicas por ecosistema al diseñar compromisos ambientales y reportar resultados.
Las directrices de la IUCN buscan establecer estándares mínimos para evitar que proyectos de conservación, incluidos los que generan créditos de biodiversidad, se limiten a proteger extensiones de tierra sin garantizar la salud de los ecosistemas. El organismo recomienda medir variables como conectividad de hábitat, densidad de especies nativas y resiliencia ante perturbaciones climáticas.
Sin embargo, el informe indígena presentado en la misma cumbre sostiene que los estándares técnicos no resuelven el problema de fondo: la exclusión de las comunidades locales en el diseño y gobernanza de los proyectos. “Pueden medir cuantas especies quieran, pero si nos sacan de nuestro territorio, el resultado es desplazamiento con certificado verde”, afirmó Wangari en su intervención ante delegados de la COP17.
Créditos de biodiversidad bajo escrutinio en negociaciones globales
Los créditos de biodiversidad son instrumentos financieros que permiten a empresas y gobiernos compensar impactos ambientales comprando unidades que representan acciones de conservación verificadas en otros territorios. El mecanismo se está promoviendo como fuente de financiamiento para cumplir el objetivo de proteger el 30% de las áreas terrestres y marinas del planeta para 2030, acordado en la COP15 de Montreal en 2022.
Pero el esquema enfrenta resistencia creciente. Organizaciones indígenas y ambientalistas advierten que replica los problemas del mercado de carbono: permite que empresas contaminantes compren permisos en lugar de reducir daños directos, y concentra proyectos en territorios del Sur global donde los derechos de tenencia de tierra son débiles.
El informe presentado en la COP17 documenta que en 14 de los 18 proyectos analizados, las comunidades locales no fueron consultadas antes de que se vendieran los primeros créditos. En cinco casos, los contratos de conservación extendieron restricciones de uso de suelo por 99 años sin consentimiento informado previo de los habitantes.
La COP17 tiene entre sus puntos de agenda la discusión sobre estándares globales para mercados de biodiversidad. La Alianza Global de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales exige que cualquier marco regulatorio incluya el derecho de veto de las comunidades sobre proyectos en sus territorios.
Fuente original: https://carbon-pulse.com/562327/
