Estamos cerca del tratamiento en el Senado de la Nación de una modificación a la Ley de Glaciares que la vacía de su contenido y propósito. La Ley de Glaciares es una norma pionera a nivel mundial: declara a los glaciares y al ambiente periglacial como bienes públicos y reservas estratégicas de agua. En 2019, la norma fue ratificada como constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La iniciativa, que ya obtuvo dictamen favorable en diciembre en las comisiones de Ambiente y Minería, deja sin objeto una normativa clave nacida producto de una amplia movilización social y del trabajo de científicos, comunidades y organizaciones. La legislación vigente, un ejemplo a nivel internacional por sus estándares de protección, establece presupuestos mínimos para resguardar las fuentes de agua conservadas en los glaciares y el ambiente periglacial. En estos territorios de alta montaña es donde nacen gran parte de los ríos del país.
La reforma que intentan impulsar no es una actualización técnica menor: se trata de una reforma constitucional de facto, ya que quiebra el sistema de presupuestos mínimos y crea un escenario de inestabilidad jurídica y legislativa.
La modificación pretendida pone en riesgo el acceso al agua de más de siete millones de personas, al afectar cuencas hídricas enteras y profundizar conflictos territoriales ya existentes. El agua afectada no se encuentra solamente en las provincias que alojan los glaciares, ya que las cuencas son interprovinciales; como lo son también las napas, que son alimentadas por los hielos de montaña. Estas zonas cumplen un rol irremplazable en la regulación hídrica y climática, y su degradación tiene consecuencias irreversibles.
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Desde las organizaciones ambientales y de la sociedad civil advertimos que avanzar con esta reforma constituye un grave retroceso en materia de protección del agua y contradice principios básicos del derecho ambiental, como el principio de no regresión y el deber del Estado de garantizar el derecho al agua y a un ambiente sano. No hay bienestar posible para la población argentina si se destruyen las fuentes de agua, fundamentales tanto para la vida como para las actividades productivas que componen el entramado económico del país.
Por eso, volvemos a instar públicamente a las y los senadores a rechazar cualquier intento de modificar regresivamente la Ley de Glaciares y a mantener la protección plena de estos ecosistemas y ambientes periglaciares. Les pedimos que asuman su responsabilidad institucional y que actúen a favor del agua, los ciudadanos a los que representan y la vida.
Las organizaciones reafirmamos que la Ley de Glaciares protege el agua, la vida y el futuro de todas las personas en Argentina. La ley no se negocia, se debe cumplir.
* El artículo fue escrito por las organizaciones: Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas; CAJE, Círculo de Políticas Ambientales; Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Greenpeace; y Jóvenes por el Clima.
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