“La creación gime con dolores de parto, aguardando ser liberada de la corrupción” (Rom 8, 19-22).
Sobre las nacientes de la cuenca del río Jáchal, en la provincia de San Juan, se emplaza desde 2005 la mina Veladero de la empresa Barrick Gold. En septiembre de 2015 ocurrió el primer derrame de cianuro y mercurio desde la mina hacia los ríos de la cuenca. El 3 de noviembre de 2025 comenzaron a detectarse una enorme cantidad de peces muertos en el Dique Cuesta del Viento, espejo de agua que recibe el caudal proveniente de dicha explotación minera.
El Dique Cuesta del Viento es utilizado para la pesca artesanal de pejerrey, para actividades recreativas como windsurf, kitesurf y canotaje en el Departamento Iglesia, y como reservorio de agua para abastecer los cultivos y el ganado del Departamento Jáchal.
Tras 22 días de insistencia comunitaria, y ante la urgencia de conocer el estado del agua, el Municipio de Jáchal (que venía dilatando sus obligaciones) se vio finalmente forzado a realizar los análisis correspondientes. Sin embargo, los resultados recién se entregarían el 15 de diciembre de 2025.
La preocupación crece entre los pobladores iglesianos y jachalleros: dependen del agua para vivir, trabajar y alimentarse. A esto se suma la suspensión de actividades turísticas durante el fin de semana largo de noviembre, luego de que varias personas que practican deportes acuáticos presentaran reacciones alérgicas y manchas en la piel, según informaron medios locales.
La Municipalidad de Jáchal cuenta con la Ordenanza Nº 2694/2015, conocida como “Agua Segura”, que exige contar con información actualizada que certifique la potabilidad y seguridad del agua. En 2017, la Ordenanza Nº 2814 amplió estos controles para auditar las actividades que pudieran afectar negativamente las cuencas locales. Ambas establecen financiamiento para el monitoreo periódico, a pesar de lo cual durante dos años no se realizó ningún control.
¿De qué sirven las leyes si quienes deben aplicarlas optan por mirar hacia otro lado?
Es vital retomar los análisis mensuales en laboratorios confiables, investigar metales pesados y compuestos asociados a la actividad minera en los ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Blanco y Jáchal (afluentes del dique), y analizar barros y peces del Cuesta del Viento. Solo así será posible establecer la causa real de la mortandad masiva de peces y tomar medidas urgentes.
¿Podemos hablar de desarrollo cuando se pone en riesgo la salud y la vida de comunidades enteras?
El agua no es una mercancía ni un mero recurso económico: es un don sagrado, una fuente de vida y un derecho humano fundamental. La inacción estatal constituye una forma de abandono hacia las personas y una agresión contra la biodiversidad. La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció en 2010 “el derecho al agua potable y el saneamiento seguros y limpios como un derecho humano esencial”.
Como expresó Monseñor Jorge Lozano, Arzobispo de San Juan de Cuyo:
“Es necesario vencer el egoísmo y superar el ‘sálvese quien pueda’, que nos lleva al ‘todos contra todos’.” (La Nación, 27/08/25)
¿No debería el bien común ser el punto de partida mínimo para evaluar cualquier forma de actividad económica?
Exhortamos a las autoridades municipales de Jáchal, provinciales de San Juan y nacionales de la Argentina a cumplir con su obligación de gobernar para el bien común, porque “el agua es indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos” (Laudato Si’, 28). Y necesitamos, como recordó el Papa Francisco en su Carta al Encuentro de Afectados por la Minería (Roma, 2015), escuchar “el grito de las comunidades que sufren, el grito por la tierra perdida, el grito frente a la corrupción y las violaciones a los derechos humanos”.
En este contexto, surge una pregunta que interpela a toda la sociedad: ¿Qué responsabilidad nos cabe a nosotros, como sociedad, cuando aceptamos como normal lo que debería ser inadmisible?
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