“Esta es la COP con mayor participación de pueblos indígenas en la historia”, decía orgullosa Sônia Guajajara, ministra de Asuntos Indígenas de Brasil, durante uno de los eventos paralelos a las negociaciones que se llevaban a cabo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), en Belém.
Su anuncio se refería a los 900 representantes de pueblos indígenas acreditados para la llamada “zona azul”, donde se desarrollaron las reuniones de las delegaciones de casi 200 países para definir las acciones que implementarán para evitar que la temperatura del planeta continúe en aumento.
La cifra de representantes indígenas que estuvieron en este espacio entre el 10 y 22 de noviembre es tres veces más alta que la registrada en la COP anterior, la cual se llevó a cabo en Bakú, Azerbaiyán. Sin embargo, más allá de los números, su participación real en las negociaciones y la inclusión de sus demandas en los textos finales aún son temas pendientes.
“Lamentablemente no tenemos poder de decisión, pero estamos presentes porque sabemos la urgencia del problema y vemos que el sistema actual está implosionando y a su paso destruyendo el planeta y destruyéndonos a nosotros”, dice Bryan Bixcul, de la comunidad Maya-Tz’utujil de Guatemala y coordinador global de la coalición SIRGE, una plataforma liderada por indígenas para que ejerciten su derecho al consentimiento previo, libre e informado.
Hace dos años, cuando se anunció que este encuentro se realizaría en América Latina y, sobre todo, en una ciudad amazónica como Belém, las expectativas eran altas en torno a la inclusión de las demandas de pueblos indígenas y de las exigencias de los países de la región.
No obstante, lo que explica Bixcul fue uno de los principales cuestionamientos, tras el resultado final de esta COP. Después de más de dos semanas de negociaciones, no se logró incluir la mención a la transición justa lejos de los combustibles fósiles ni a la amenaza que representa la minería a los territorios indígenas. Por otro lado, se adoptaron indicadores de adaptación que también dejan un sabor amargo.
Una COP sin mención a los fósiles
La presencia de representantes indígenas en las calles de Belém fue notoria. A través de marchas pacíficas y plantones, el pedido por una transición justa y lejos de los combustibles fósiles era evidente.
Al inicio de la COP, decenas de integrantes del pueblo Arapiun protestaron por la falta de participación en estos espacios e ingresaron al área restringida, hasta que fueron reprimidos y retirados del lugar. Al terminar la primera semana, se repitió algo similar. Más de 90 líderes del pueblo Munduruku de Brasil se plantaron en la entrada de la puerta principal para expresarse en contra de los proyectos extractivos del gobierno que afectan a sus comunidades.
A estas protestas les siguió el Funeral de los Combustibles Fósiles, que convocó a más de 50.000 personas que caminaron por las calles de la ciudad amazónica exigiendo el fin de la dependencia en el petróleo, el gas y el carbón, que no solo está poniendo en riesgo los territorios indígenas, sino que son los principales causantes del cambio climático.
A pesar de estas manifestaciones públicas, y del respaldo de más de 80 países que pedían una hoja de ruta para la transición justa lejos de los fósiles, esto no fue incluido en los textos finales de la COP30.
“Para mi fue una decepción bastante grande. Si en el país donde se supone que teníamos que hacer eso, no se logró, en otro lugar mucho menos. El problema es que ya no hay tiempo. La Amazonía está en un punto de no retorno”, dice María José Andrade Cerda, dirigente de Economía y Desarrollo Comunitario de Confeniae e integrante del grupo de comunicación del Caucus de América Latina para Pueblos Indígenas en Cambio Climático.
Según datos de Earth Insight, 31 millones de hectáreas de territorios indígenas y comunidades locales en la Amazonía se sobreponen con bloques de petróleo y gas.
“Todo el proceso fue secuestrado por un grupo de países exportadores de petróleo que además son muy influyentes dentro de este espacio. Es ahí donde debemos apreciar que al final es un proceso donde no hay participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, porque no tenemos poder de decisión, estamos a merced de los estados y su buena voluntad para lograr referencias”, suma Bixcul.
A pesar de la alta presencia de pueblos indígenas (900), en esta COP también se contabilizaron alrededor de 1.600 representantes de industrias vinculadas a los combustibles fósiles.
Entre la minería y el “milestone” de las negociaciones
Otro de los puntos críticos de las negociaciones fue la eliminación de las referencias a la minería en el texto del Programa sobre Transición Energética Justa. En los primeros borradores se mencionaba entre las opciones tomar en cuenta “los riesgos sociales y ambientales asociados con expandir las cadenas de suministros para tecnología de energía limpia, incluyendo los riesgos que surgen de la extracción y procesamiento no sostenible de minerales críticos”. Sin embargo, en los documentos finales se suprimió esta frase o cualquier mención a los minerales.
“Fue una decepción terrible para quienes somos afectados por temas mineros porque denota que no hay voluntad política para reducir eso. Esa lucha va a ser más difícil que la de combustibles fósiles”, dijo Andrade Cerda, quien es originaria de la provincia de Napo, en Ecuador, donde la minería ocupa más de 1700 hectáreas.
Sin embargo, en este mismo texto se logró lo que Cerda y sus compañeros han considerado un “milestone”, que es la inclusión de la mención a pueblos indígenas, sobre todo a los que están en aislamiento voluntario y contacto inicial.
Esto se incluye en el numeral 12, que también reconoce la importancia del consentimiento previo, libre e informado, y especifica que todos los caminos que lleven a una transición energética justa deben respetar los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.
“Jamás hubo un texto con tanta claridad de la necesidad de respetar los derechos de los pueblos indígenas en todas las rutas de transición”, explica Bixcul, quien también indica que otro de los grandes aportes de este texto está en el párrafo 25, que se refiere a la decisión de desarrollar un nuevo mecanismo para la transición justa.
Las discusiones en torno a este mecanismo continuarán en junio del 2026 en las sesiones de los órganos subsidiarios en Bonn, Alemania. Para el representante indígena de Guatemala, este puede ser el espacio para seguir demandando que haya referencias explícitas sobre los impactos de la minería. También será ese espacio que se ha buscado para una participación efectiva: “Los indígenas ya dijimos que debemos tener una silla en esa mesa y tomar decisiones sobre ese mecanismo. Cualquier otra cosa es inaceptable”.
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