La Patagonia argentina acaba de atravesar un ecocidio: más de 60.000 hectáreas de bosques andinos reducidas a cenizas, en lo que fue la peor temporada de las últimas seis décadas en la región. El procesamiento de imágenes satelitales de Greenpeace revela que la superficie afectada equivale a tres veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires, multiplicando por diez a los bosques quemados en años recientes, y arrasó bosques milenarios, altísima biodiversidad y viviendas.
Sin embargo, este desastre no es un evento fortuito ni imprevisible; es el resultado directo de una peligrosa combinación entre crisis climática, desidia política, recortes presupuestarios y un negacionismo que ignora décadas de advertencias científicas sobre las sequías extremas y las altas temperaturas que azotan la región.
La respuesta del Estado no solo ha sido tardía, declarando la emergencia cuando la situación ya era incontrolable, sino también estructuralmente deficiente. Actualmente, Parques Nacionales cuenta con tan sólo 400 brigadistas para proteger cinco millones de hectáreas bajo su jurisdicción y para ayudar a las provincias, cuando el mínimo indispensable debería ser casi el doble, todo esto en un contexto de salarios bajos y contratos precarios que se ven aún más castigados por recortes presupuestarios millonarios.
El avance del fuego se ve agravado por la expansión de pinos exóticos, especies altamente inflamables que dificultan la regeneración del bosque nativo, y por una gestión gubernamental que parece priorizar el ajuste sobre la supervivencia ambiental. Mientras Argentina se mantiene entre los quince países con mayor deforestación del mundo, el gobierno de Milei mira para el otro lado, recortando presupuestos de la Ley de Bosques y de Parques Nacionales.
Teniendo en cuenta que el 95% de los incendios forestales son provocados por la actividad humana, resulta urgente pasar de la reacción a la prevención, implementar planes de erradicación de especies exóticas, y fortalecer la infraestructura de combate temprano.
No basta con multas económicas que no logran disuadir el desmonte ni los incendios; es necesaria la prohibición y penalización de la destrucción de bosques. En lugar de esto, el actual gobierno impulsa el debilitamiento de leyes fundamentales como las de Glaciares, Manejo del Fuego, y de Bosques, buscando facilitar negocios extractivos a costa de ecosistemas vitales.
Ante este ataque contra las reservas estratégicas de agua y vida, la resistencia colectiva se vuelve la única vía para proteger el planeta, a nosotros y a las futuras generaciones.
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