Ganaron los excombatientes de Malvinas: la Ley de Tierras sigue vigente pero con grandes riesgos

La Justicia suspendió la derogación de la Ley de Tierras que imponía el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei. Fue el juez federal Ernesto Kreplak quien hizo lugar a una medida cautelar del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Sin embargo, la ley actualmente no se cumple en su totalidad y continúan pujando los intereses extranjeros para la obtención de tierras argentinas con un claro propósito: apropiarse de los recursos o bienes naturales.

En su resolución, el magistrado señaló: “Se omitió brindar fundamentación adecuada sobre la relación subyacente que explicaría la forma según la cual, la abrogación de la norma, contribuiría a superar los problemas sociales y económicos que trasunta la Nación”.

Ley de Tierras incumplida: la soberanía en riesgo

El caso emblemático de incumplimiento de la ley es el de Lago Escondido de Joe Lewis. El empresario y magnate británico es un delincuente. Así lo aseguró recientemente él mismo en los tribunales de Nueva York, en Estados Unidos, en una causa por corrupción corporativa. 

Lewis se declaró culpable de uso de información privilegiada. La acusación señala que proporcionó entre 2013 y 2021 información confidencial a sus empleados, como sus choferes privados, y a sus amantes. Aún no tiene condena firme y quedan otras dos causas de fraude en proceso. 

Una de las empresas de Lewis ya fue condenada a pagar 50 millones de dólares en multas tras una declaración hecha ante un juez estadounidense.

En la Argentina, el magnate es acusado de apropiarse de 12 000 hectáreas en la Patagonia. Entre ellas, se incluye una residencia que impide el acceso libre a Lago Escondido. Está ubicado a 50 kilómetros de El Bolsón, en Río Negro.

Es ilegal prohibir el acceso a un lago y va contra la Ley de Tierras por ubicarse en una zona estratégica, una zona de frontera. Quienes lo impiden son los empleados de la firma que opera sus negocios en el país: Hidden Lake.

Son varios los intentos judiciales argentinos para conseguir la nulidad del beneficio de comprar extensas hectáreas que le otorgó el ex presidente Carlos Saúl Menem a Lewis en 1996, pero aún no lograron su cometido. Uno prescribió y otros aún continúan la batalla judicial. Una causa escandalosa es también la que investiga el viaje que realizaron a la estancia, en la misma fecha, jueces, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín.

Ley de Tierras, incendios y Parque Nacional Los Alerces: ¿hay alguna conexión?

El magnate británico tiene un negocio en mente desde hace tiempo: construir centrales hidroeléctricas en reservas naturales de la región patagónica de Río Negro y Chubut. Más precisamente en el Área Natural Protegida Lago Bagillt y en el Parque Nacional Los Alerces.

Como ya había informado EcoNews anteriormente: este Parque Nacional no solo es uno de los más grandes del país, también alberga un glaciar y el mayor bosque de Alerces del mundo.

Es acá donde quiere “reciclar” una añeja central en desuso que se utilizaba para abastecer a la Villa Futalaufquen. El camino legal para conseguirlo es largo: deberá obtener permisos provinciales, estudios de impacto ambiental aprobados, superar audiencias públicas y obtener el consentimiento de los municipios.

Pero hay otro caso que también alertó a los ambientalistas en estos últimos días: la reunión entre el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el embajador de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Argentina, Saeed Abdulla Saif Joula Alqemzi para hacer negocios en esa provincia. 

Tras el encuentro, Torres se comprometió a firmar un “Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones”, porque aseguró que es “fundamental para atraer a la provincia nuevos capitales e inversiones en materia energética y de infraestructura vial”. Incluso fue más detallista: “Este acuerdo garantizaría también el acceso a fondos de inversión que nos permitan apalancarnos de manera eficiente, para poder realizar así las obras estratégicas que tanto necesita Chubut”.

Dos negocios energéticos extranjeros en una provincia incendiada.

Según el último informe del Parque Nacional Los Alerces, ya van más de 2000 hectáreas arrasadas por el fuego que estiman fue intencional. El gobernador, dijo a medios de comunicación que sospecha que los responsables son un grupo de “mapuches truchos” que tendrían intereses inmobiliarios. Sin embargo, no aportó ninguna evidencia ante tal acusación.

La respuesta del pueblo mapuche y de activistas patagónicos no tardó en hacerse esperar y mostraron su descontento por haber acusado sin pruebas, pero también alertaron con una pregunta escurridiza: ¿no serán ellos quienes incendiaron el bosque nativo para darle paso a las “inversiones”?

En el final del posteo de la Asamblea No a la Mina de Esquel sobre el tema en la red social Instagram, fueron contundentes en su respuesta al gobernador: “Busque a los verdaderos culpables entre aquellos empresarios, terratenientes que pretenden arrasar con nuestra Madre Tierra para ensanchar aún más sus abultadas cuentas bancarias”.