Brasilia, 8 de agosto de 2025 – El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó una ley que simplifica los requisitos de licenciamiento ambiental, generando críticas por parte de sectores ecologistas que la denominan el “proyecto de ley de devastación”. Aun así, hizo uso de su poder de veto para eliminar 63 de las casi 400 disposiciones del proyecto original, con el objetivo de resguardar la integridad del proceso de otorgamiento de permisos, asegurar certeza jurídica y proteger los derechos de los pueblos indígenas y quilombolas.
Entre los artículos vetados, se encuentra uno que permitía a proyectos con impacto ambiental “autolicenciarse” mediante una simple declaración en línea, sin necesidad de estudios de impacto ambiental ni supervisión externa —una modalidad fuertemente cuestionada como una forma de “licencia exprés”.
También se bloqueó la transferencia de facultades de regulación ambiental a estados y municipios, lo que podría haber derivado en una carrera por debilitar controles locales. Además se restableció la obligación de consultar a comunidades indígenas, incluso si sus tierras aún no están formalmente reconocidas, una salvaguarda clave eliminada por el proyecto original.
No obstante, Lula mantuvo en vigor la figura de la Licencia Ambiental Especial, que agiliza permisos para proyectos declarados “estratégicos”, como exploraciones petroleras cerca del estuario del Amazonas —una medida que sigue despertando inquietud entre las organizaciones ambientalistas.
Recomendados de Econews
En paralelo, el gobierno anunció que presentará un nuevo proyecto de ley bajo procedimiento de urgencia constitucional, con el fin de cubrir los vacíos normativos generados por los vetos y brindar mayor seguridad jurídica.
La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, calificó los vetos como una estrategia necesaria para preservar los avances ambientales del país, incluyendo el compromiso con la deforestación cero y la reducción de emisiones de CO₂ entre 59 y 67 %. Al mismo tiempo, advirtió sobre el riesgo de que la ley comprometa la credibilidad internacional de Brasil, especialmente en el marco de la COP30, que el país albergará en noviembre en Belém, en plena Amazonía.
El panorama permanece en tensión: organizaciones como Mighty Earth y SOS Mata Atlântica calificaron el resultado como una victoria parcial, pero señalan que la movilización ciudadana y el monitoreo continuo serán fundamentales para asegurar que los vetos se mantengan ante posibles embates legislativos que busquen revertirlos.
