En un mundo donde el capital es móvil y el riesgo se penaliza cada vez más rápido, tipificar el ecocidio como delito penal reduce incertidumbre, protege flujos futuros y posiciona a América Latina como una región competitiva para atraer inversión, empresas y talento de largo plazo.
Competitividad en la era del riesgo
La economía global entró en una nueva fase. El capital ya no busca solo rentabilidad: busca previsibilidad. Las tensiones geopolíticas, los riesgos climáticos, legales y reputacionales pasaron del anexo ESG al centro de las decisiones de inversión. En este contexto, penalizar el ecocidio deja de ser una discusión ambiental y se convierte en una decisión macroeconómica estratégica.
¿Qué es el ecocidio y por qué importa a la macroeconomía?
El ecocidio se refiere a daños graves, extensos o duraderos a los ecosistemas, cometidos con conocimiento de su impacto. Tipificarlo como delito penal implica responsabilidad personal y corporativa cuando se cruzan umbrales críticos.
Desde la macroeconomía, esto equivale a proteger activos productivos. Los ecosistemas no son un tema solo moral: son infraestructura económica. Cuando se destruyen, no desaparecen del balance: se convierten en pasivos fiscales, shocks de oferta y pérdida estructural de productividad.
El error económico del cortoplacismo
Existe un tipo de inversión que se defiende en nombre del empleo y las divisas, pero que concentra una alta probabilidad de generar daños irreversibles. El problema no es ambiental ni social solamente; también es profundamente económico.
Estas inversiones maximizan flujos inmediatos, pero destruyen stocks críticos: agua, suelo, estabilidad territorial y salud. Cuando el daño ocurre, los beneficios privados se evaporan y las pérdidas se socializan.
En términos estrictos, se trata de proyectos con esperanza matemática negativa: ganancias concentradas en el corto plazo frente a costos públicos persistentes en el tiempo. Penalizar el ecocidio obliga a que ese riesgo deje de ser invisible.
De los servicios ecosistémicos a los flujos que entiende el mercado
Hablar de “servicios ecosistémicos” es correcto, pero abstracto para muchos decisores. El impacto real aparece cuando se traduce en precios, costos y riesgo financiero:
- Valor inmobiliario: tras eventos ambientales severos, el precio de los inmuebles cae entre 15% y 45%, erosionando patrimonio, garantías crediticias y recaudación local.
- Costo del capital: regiones asociadas a conflictos ambientales enfrentan primas de riesgo más altas. El financiamiento se encarece entre 100 y 300 puntos básicos, según sector y escala del proyecto.
- Agua y energía: la degradación de cuencas puede duplicar los costos de provisión y tratamiento de agua en menos de una década, afectando directamente márgenes empresariales.
- Biodiversidad como capital bioeconómico: más allá del agua y el suelo, la biodiversidad es el banco genético del que depende la próxima generación de innovaciones en agroquímicos, farmacología y biotecnología. La degradación de ecosistemas erosiona la materia prima de industrias que valen billones. Países que protegen sus ecosistemas están custodiando patentes naturales futuras y atrayendo I+D de alto valor. Penalizar el ecocidio, en este sentido, es proteger el pipeline de innovación de industrias estratégicas para el siglo XXI.
- Actividad económica: turismo, agro e inmobiliario suelen registrar caídas de ingresos del 20% al 40% tras crisis ambientales, con recuperaciones lentas o incompletas.
En términos simples: el daño ambiental masivo seca los flujos futuros. Penalizar el ecocidio protege la capacidad de una región de generar ingresos sostenidos.
Ejemplos cuantificables de ecocidios y su impacto económico
- Deepwater Horizon (Estados Unidos, 2010): costo total superior a USD 65.000 millones. Caída prolongada en pesca, turismo y empleo regional.
- Mariana y Brumadinho (Brasil, 2015–2019): daños y compensaciones superiores a USD 37.000 millones (incluyendo acuerdos de 2024–2025). Economías locales colapsadas y pasivos fiscales de largo plazo.
- Deforestación amazónica: pérdidas anuales de servicios ecosistémicos estimadas en cientos de miles de millones de dólares (World Bank: hasta USD 317.000 millones anuales en impactos económicos totales para Brasil).
Un solo evento de este tipo puede borrar años de crecimiento.
La ventaja competitiva de penalizar el ecocidio
Anticiparse a estándares internacionales.
La propuesta formal ante la Corte Penal Internacional (impulsada por Vanuatu, Fiji y Samoa en 2024, con discusión prevista hacia 2026) busca reconocer el ecocidio como crimen internacional. Países pioneros en América Latina —como Chile (delitos ambientales graves desde 2023) y Colombia (ecocidio incorporado al Código Penal)— junto con proyectos avanzados en Brasil, Perú, Argentina y México, estarán mejor posicionados.
Incluso en economías liberales y pro-mercado como Francia (incorporado en 2021 bajo el gobierno de Macron), Canadá (con apoyo multipartidista) y Australia (con propuestas legales en discusión), el enfoque se entiende como una herramienta para reducir riesgo sistémico y atraer inversión sostenible. Para las multinacionales, operar en territorios alineados con estándares globales es una forma directa de mitigación del riesgo legal.
Efecto seguro para toda la economía
Penalizar el ecocidio reduce el riesgo sistémico y beneficia a sectores que no generan daños ambientales:
- Turismo: mayor previsibilidad frente a actividades vecinas de alto riesgo.
- Inmobiliario: preservación de valor y estabilidad patrimonial.
- Agro y ganadería sostenible: protección de suelos, agua y productividad de largo plazo.
- Servicios y economía del conocimiento: atracción y retención de talento en entornos estables.
En la práctica, la ley funciona como un seguro colectivo: los proyectos riesgosos internalizan costos y el resto del sistema productivo se fortalece.
¿Espanta inversiones? Solo las equivocadas
Lejos de espantar inversiones, penalizar el ecocidio mejora la calidad del capital. Filtra proyectos de alto riesgo y atrae empresas con visión de largo plazo, menor rotación y mayor compromiso territorial.
En macroeconomía, la calidad del capital importa tanto como su cantidad.
El argumento de que penalizar el ecocidio ahuyenta inversiones confunde cantidad con calidad. El capital que huye ante reglas claras es, por definición, capital que depende de externalizar costos. Las inversiones que permanecen, y llegan, son más intensivas en conocimiento, menos volátiles y con mayor anclaje territorial.
En el largo plazo, ese capital genera más empleo, más encadenamientos productivos y menos pasivos públicos. Desde la macroeconomía, esto no es una pérdida: es una mejora en la composición del crecimiento.
Una decisión estratégica para América Latina
América Latina puede seguir compitiendo por capital extractivo de corto plazo o posicionarse como una región confiable en la economía del futuro. Penalizar el ecocidio no endurece la economía: la profesionaliza.
Las regiones que adopten este enfoque atraerán inversión, talento y empresas alineadas con un crecimiento sostenible y previsible. Las que no lo hagan seguirán creciendo en el papel… hasta que el próximo desastre ambiental les recuerde que no hay competitividad posible en una economía que se devora a sí misma.
* Rafael Kemelmajer es economista y cofundador de R.I.T.A.
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