Virginia Aparicio, investigadora del INTA y del Conicet, enfrenta un sumario administrativo que podría terminar en exoneración tras coordinar el Proyecto SPRINT, una iniciativa internacional que midió la presencia de agroquímicos en el ambiente, los alimentos y las personas. El caso expone la tensión entre investigación científica independiente y presiones internas en instituciones públicas de investigación.
Aparicio lleva más de veinte años trabajando en la Estación Experimental Balcarce. Es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora especializada en detectar trazas de agroquímicos. Según declaró a Bichos de Campo, ahora “parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA”.
El proyecto SPRINT comenzó oficialmente en septiembre de 2020, aprobado dentro del programa Horizon 2020 de la Unión Europea. Argentina fue el único país no europeo incluido en el monitoreo. La iniciativa recorrió las instancias institucionales correspondientes del INTA y durante sus primeros años fue difundida desde el propio organismo, según reconstruyó la investigadora en la entrevista.
Censura primero, sumario después
En junio de 2023, el INTA prohibió a Aparicio dar a conocer los resultados de sus mediciones. En diciembre de ese año, el entonces presidente del organismo, Mariano Garmendia, ordenó cortar vínculos con el proyecto internacional que antes había apañado.
Ahora, bajo la conducción de Nicolás Bronzovich, el expediente propone para Aparicio la exoneración, la sanción más grave dentro de la administración pública nacional. No significaría solamente perder su puesto de trabajo actual sino quedar inhabilitada para volver a ingresar a organismos del Estado nacional.
Según su abogado, Mario Bolla, las autoridades del INTA “casi no les dieron oportunidad de defensa”. La decisión todavía no fue formalmente notificada, pero tanto Aparicio como Bolla anticiparon que recurrirán a la justicia si se confirma la sanción disciplinaria.
La investigación buscaba determinar qué residuos de plaguicidas podían encontrarse en once países. En Argentina fueron incorporadas 73 personas provenientes de ciudades, pequeñas localidades y establecimientos agropecuarios, incluyendo productores convencionales y agroecológicos. La intención posterior era utilizar esa información para trabajar junto a productores en prácticas que permitieran reducir impactos y dependencia de determinados insumos.
Esa segunda etapa nunca pudo desarrollarse en Argentina. El primer paper de Aparicio sobre rastros de glifosato es de 2013, pero ahora sus compañeros de trabajo toman distancia por temor a sufrir una persecución similar, según denunció la científica.
