La Amazonía se encuentra hoy bajo una vigilancia sin precedentes. El desarrollo acelerado de tecnologías de teledetección satelital ha permitido un monitoreo continuo de incendios, tala ilegal y expansión de la frontera agrícola. Este fenómeno, que algunos autores denominan “revolución de la teledetección”, constituye un hito en la gobernanza ambiental global, al ofrecer datos de alta precisión y en tiempo casi real. Sin embargo, esta mayor transparencia no está exenta de tensiones: el control de la información sobre la selva más grande del planeta se ha convertido en un nuevo campo de disputa, en el que se dirime quién ejerce poder sobre su futuro.
Brasil, históricamente autodefinido como el principal custodio de la Amazonía, experimenta esta dinámica en clave ambivalente. Si bien utiliza los datos satelitales para demostrar su compromiso con la reducción de la deforestación y cumplir metas internacionales, también percibe el escrutinio externo como una amenaza a su soberanía territorial. Bajo el discurso de protección ambiental subyacen intereses más amplios —geopolíticos, económicos y estratégicos— que complejizan la relación entre la comunidad internacional y el Estado brasileño.
Lo que está en juego: 60% de Brasil, 68% de la cuenca y una quinta parte del nuevo petróleo global
De pulmón verde a epicentro estratégico, la Amazonía es el bioma más extenso del planeta, con 7,4 millones de km². Solo en Brasil, la región amazónica representa más del 60% del territorio nacional y alberga el 18% de las reservas de agua dulce del mundo. Estos datos por sí solos bastarían para explicar su centralidad ecológica, pero en el escenario geopolítico actual la relevancia de la Amazonía va mucho más allá de lo ambiental.
Según el portal Ojo Público (2025), la región concentra cerca de una quinta parte de las reservas de petróleo descubiertas globalmente entre 2022 y 2024, consolidándose como la nueva frontera energética mundial. En conjunto, almacena alrededor de 5.300 millones de barriles de crudo, de un total de casi 25.000 millones identificados en el mismo período.
Ante cifras de tal magnitud, el debate trasciende lo ambiental y se adentra en el terreno de la geoeconomía, entendida —en términos del libro War by Other Means— como el uso estratégico de los recursos para configurar el equilibrio de poder en las relaciones internacionales. Los hidrocarburos, el agua y la biodiversidad amazónica dejan de ser simples bienes naturales para transformarse en activos de seguridad nacional y piezas de un tablero en el que el acceso, control y regulación de estos recursos pueden definir la hegemonía futura de los actores involucrados.
Una cuestión de defensa y seguridad: la internacionalización de la Amazonía
La consolidación de hegemonías en el nuevo orden mundial no se basa únicamente en la fuerza militar, sino también en narrativas y estrategias sofisticadas de soft law, entre ellas la diplomacia y la generación de consensos internacionales. Para comprender por qué la Amazonía vuelve a estar bajo el ojo global es necesario remontarse al histórico temor brasileño a su “internacionalización”.
Desde la Conferencia de Estocolmo (1972), el Principio 21 estableció el derecho soberano de los Estados a explotar sus propios recursos, acompañado de la obligación de prevenir daños ambientales transfronterizos. Este principio desencadenó un intenso debate sobre la tensión entre soberanía y responsabilidad ecológica.
Gisela da Silva Guevara recuerda en el artículo Intervencionismo y medio ambiente: el caso de la Amazonia brasileña que, en 1983, Margaret Thatcher llegó a sugerir en el marco del G-7 la posibilidad de “vender” la Amazonía a cambio de la condonación de la deuda sudamericana, una propuesta que encendió todas las alarmas en Brasil. Poco después, a finales de la década, el presidente francés François Mitterrand introdujo la noción de “soberanía relativa” sobre la región, argumentando que el interés global por la preservación de la selva justificaba limitar la autonomía plena de Brasil en su explotación (Teixeira da Silva, 2008).
En los años noventa, este debate se intensificó con la promoción de los debt-for-nature swaps por parte de países como Estados Unidos, Francia y Holanda: mecanismos que ofrecían perdonar parte de la deuda externa brasileña a cambio de que el país aceptara proyectos internacionales de conservación. Paralelamente, el G-7 lanzó un ambicioso plan de más de 1.5 billones de dólares para financiar el desarrollo sostenible de la Amazonía.
Lejos de ser percibidas únicamente como iniciativas de cooperación ambiental, estas propuestas alimentaron en las élites políticas y militares brasileñas la sensación de que se estaba gestando un intento de “internacionalización de la Amazonía”.
En este contexto, la doctrina de defensa brasileña adoptó el lema “ocupar para no entregar”, impulsando el Plan Calha Norte y otras iniciativas de presencia estatal en la región amazónica.
El giro estratégico de Brasil se intensificó con la llegada de la “era de la información”. En la década de los 90, el general Benedito Onofre Bezerra Leonel advirtió la necesidad de revisar principios de guerra propios de la era napoleónica e industrial para adaptarlos a un contexto de control tecnológico y vigilancia remota. Desde entonces, el país puso en marcha el Sistema de Vigilancia de la Amazonía (SIVAM), integrado en el Sistema de Protección de la Amazonía (SIPAM), para monitorear el espacio aéreo y coordinar la presencia de Ejército y Marina en ríos y fronteras.
La era satelital y la disputa por la información
En esa página de la historia, la inteligencia de imágenes satelitales (IMINT) era un privilegio reservado a los Estados —y, en particular, a las grandes potencias con programas espaciales avanzados—. Hoy, sin embargo, la observación de la Tierra se ha democratizado. La proliferación de satélites de teledetección, tanto públicos como privados, ha convertido a la información geoespacial en un bien transnacional. Lo que antes era un monopolio estatal es ahora un recurso estratégico abierto al mercado global.
El crecimiento de esta industria es notable: se estima que el mercado de satélites de teledetección alcanzará los 48,6 mil millones de dólares en 2025 y superará los 84 mil millones en 2030.
Autores como Slaughter y McCormick (2021) explican este “boom” en términos de poder: “Los datos están entrelazados con la jerarquía internacional. Son insumo para la innovación, motor del comercio y dimensión crucial de la seguridad nacional; quienes los controlan tienen ventajas desproporcionadas”. Eric Schmidt, en Innovation is Power (2023), refuerza la idea al señalar que “la innovación moldea el poder económico al otorgar a los Estados capacidad para establecer reglas”.
Brasil ante el espejo satelital
Para no quedar subordinado a las reglas de las Superpotencias, Brasil se ha embarcado en una carrera tecnológica para no ceder el control sobre su selva. Según el SIPRI, en 2022 destinó más de 17,7 millones de dólares al fortalecimiento de sistemas de teledetección militar, cuya última apuesta fue el lanzamiento del satélite Amazonia.
Con todo este arsenal, el desafío es doble: vigilar para proteger la soberanía y, al mismo tiempo, mostrar resultados ambientales que neutralicen críticas internacionales. Brasil es consciente de que cualquier traspié en la reducción de la deforestación puede convertirse en excusa para que resurja el viejo fantasma de la internacionalización de la Amazonía. Para ello ha desarrollado un entramado institucional que incluye el SIVAM, el SIPAM y el INPE, cuyos sistemas PRODES y DETER han sido esenciales para detectar y responder a la deforestación.
No obstante, este delicado equilibrio entre el control territorial y la performance ambiental tuvo su punto de inflexión en 2019, cuando el presidente Emmanuel Macron llevó al G7 imágenes de los incendios amazónicos para denunciar la magnitud de la deforestación y calificó el hecho como una “crisis internacional”. La reacción del entonces presidente Jair Bolsonaro fue inmediata: acusó a Francia de orquestar una ofensiva contra la soberanía brasileña. Más que un gesto de orgullo nacional, la respuesta revelaba una preocupación estructural. Documentos militares filtrados —entre ellos la Estrategia de Defensa 2040 de las Fuerzas Armadas de Brasil— identifican explícitamente a Francia como una potencial amenaza, subrayando el riesgo de que su presencia en la Guayana Francesa sirva como plataforma de proyección de poder hacia la Amazonía.
Conclusión
La Amazonía se ha convertido en un espacio de disputa simbólica y estratégica en el orden internacional contemporáneo. El crecimiento exponencial de la teledetección satelital y el acceso masivo a datos han transformado la vigilancia ambiental en una herramienta de poder, capaz de legitimar discursos y condicionar políticas estatales. La crisis climática, aunque real y urgente, funciona al mismo tiempo como un marco normativo y moral que habilita narrativas de injerencia externa, haciendo difusa la frontera entre cooperación ambiental y proyección de poder geoeconómico.
En este contexto, Brasil enfrenta una paradoja estructural: necesita estas herramientas de monitoreo para controlar su territorio y demostrar compromiso global en la lucha contra la deforestación, pero percibe que el control extranjero de la información erosiona su soberanía. La Estrategia 2040 de sus Fuerzas Armadas confirma esta percepción al identificar amenazas externas —en particular de Francia— vinculadas a recursos estratégicos de la región.
El episodio Macron–Bolsonaro de 2019, en el que imágenes satelitales se transformaron en armas diplomáticas, revela que el verdadero campo de batalla no está solo en la selva, sino también en el dominio de los datos y la narrativa global. Quien controla las imágenes controla el relato, y quien controla el relato puede presionar políticamente y condicionar decisiones soberanas.
Así, la Amazonía vigilada se convierte en un laboratorio para pensar el futuro de las relaciones internacionales: ¿será posible transformar la teledetección y los sistemas de monitoreo en mecanismos de cooperación genuina o persistirán como fuente de desconfianza y conflicto? El desafío para Brasil y para la comunidad internacional consiste en equilibrar la protección de un bien global con el respeto a la soberanía nacional, evitando que la “preocupación ambiental” se convierta en un pretexto para una nueva geopolítica de la intervención.
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