El proyecto de ley de Milei que facilita el desalojo de comunidades indígenas en tierras rurales ya tiene media sanción del Senado y podría tratarse en la Cámara de Diputados a finales de agosto, según confirmó a Mongabay Latam el diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista de Argentina. La iniciativa, titulada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, contempla acelerar procesos de desalojo y obstaculizar las expropiaciones estatales en predios donde habitan pueblos originarios que reclaman la titularidad de tierras que consideran ancestrales.
Paulón advirtió que la oposición debe poner el foco en dos aspectos críticos del texto: las facilidades para las expropiaciones y los desalojos rápidos en áreas rurales. “Esta norma facilita desalojos de comunidades originarias donde se encuentran pueblos asentados y que la Constitución garantiza como espacios ancestrales“, afirmó el legislador en diálogo con Mongabay Latam.
El gobierno retrocedió en extranjerización pero mantiene el riesgo para pueblos originarios
Durante el debate en el Senado, el proyecto sufrió varios reveses. El Ejecutivo pretendía modificar la Ley de Tierras actual y aumentar el tope de extranjerización permitido en tierras rurales de 15% máximo a 25% máximo. Tras protestas de sectores políticos, el bloque oficialista desistió de ese punto para avanzar con el resto del articulado.
Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explicó a Mongabay Latam que al retirar el capítulo sobre compra de tierras a favor de extranjeros, los riesgos ambientales se achican. Sin embargo, persiste la preocupación por la situación de comunidades indígenas ante la aceleración de los procesos de desalojo que sí quedarían habilitados con mayores facilidades y rapidez.
El experto afirmó que esta disposición viola tratados internacionales firmados por Argentina en materia de derecho indígena y también la Constitución Nacional, que establece la preexistencia y el derecho a la tierra de los pueblos indígenas. “En línea a los proyectos que este Gobierno quiso aprobar, tiene un sesgo totalmente individualista: la temática de la propiedad es solo una temática de carácter individual. No toman en cuenta las cuestiones de carácter colectivo, la propiedad comunitaria de la tierra y los reclamos que hacen las comunidades indígenas desde hace mucho tiempo”, sostuvo Nápoli.
Expropiaciones más difíciles y desalojos más rápidos
Silvina Ramírez, doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y miembro de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI), señaló en diálogo con Mongabay Latam que existen riesgos en dos temas centrales: modificaciones al régimen de expropiaciones y de desalojos. En el primer caso, habrá más restricciones para declarar la utilidad pública de un bien inmueble y luego expropiarlo para, por ejemplo, entregar la titularidad de esas tierras a las comunidades que las reclaman como ancestrales.
La Ley 21.499, vigente desde 1977, establece que se debe satisfacer el principio de “utilidad pública” para que tenga lugar una expropiación. La propuesta del Gobierno establece una definición más restrictiva de ese principio: su declaración “deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”, según analizó el medio especializado Chequeado.
En el segundo aspecto, la abogada explicó que se flexibiliza el procedimiento para los desalojos y se agilizan las vías judiciales contra quienes defienden sus territorios. Para los especialistas consultados por Mongabay Latam, el proyecto de ley facilita la persecución judicial a través del litigio, restándole mecanismos de defensa a quienes resisten.
El debate en la Cámara de Diputados está previsto para finales de agosto, según confirmaron fuentes parlamentarias.
Fuente original: https://es.mongabay.com/2026/08/argentina-proyecto-milei-facilitar-desalojo-comunidades-indigenas-tierras-rurales/
