Punta Tombo, ubicada a 110 kilómetros al sur de Rawson, provincia de Chubut, Argentina, es el área continental más grande de nidificación del pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus), una especie protegida por su extrema vulnerabilidad, debido al cambio climático, que ha reducido la disponibilidad de su alimento, y a la acción directa del ser humano. Es por ello que Punta Tombo está declarada Área Natural Protegida, siendo desde 2015 parte de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera de la UNESCO.
Los hechos
Entre el 10 de agosto y el 4 de diciembre de 2021, con la intención de construir un camino y establecer unos cercos, sin previa autorización ambiental y desatendiendo las advertencias locales, un administrador de una estancia deliberadamente pasó una máquina retroexcavadora provocando el desmonte de la flora nativa y rompiendo al menos 175 nidos y otros tantos huevos, pichones y ejemplares adultos del pingüino de Magallanes.
Apenas se conoció la noticia, los peritos del CENPAT-CONICET inspeccionaron el lugar, concluyendo que: “La apertura de caminos en sí, implicó un fuerte impacto sobre el ecosistema … debido a la destrucción del hábitat donde se encuentran los nidos”, llamando la atención, además, sobre la instalación de “un alambrado electrificado que impedía el libre tránsito de la fauna”. (Ver Sentencia).
Este hecho, brutal en sí mismo, innecesario y carente de justificación, fue llevado ante la justicia por la Fiscalía de Chubut, seguida de organizaciones ambientalistas como la Fundación Patagonia Natural, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace Argentina.
El juicio
En su acusación, la Fiscal, Florencia Gómez, argumentó que el área es: “… núcleo de la Reserva Biosfera de UNESCO Patagonia Azul, siendo además designada internacionalmente como Área de importancia para la Conservación de las Aves (AICA)” (Ver Sentencia). La Fiscal calificó los daños al medio ambiente como graves e irreversibles, ya que los hechos sucedieron en pleno ciclo reproductivo.
El Tribunal, presidido por Laura Martini, e integrado a su vez por Eve Ponce y Carlos Richeri, se vio en la tesitura de tener que enmarcar estos hechos en alguna figura delictiva, a pesar de que ninguno de los delitos del Código Penal parecía ser el apropiado para abarcar la gravedad de la conducta. Y es aquí donde aconteció algo verdaderamente extraordinario.
El ecocidio
El juez Richeri señaló: “Como Juez me corresponde verificar el encuadre de los hechos en la figura legal … sin embargo, creo que se trata de un tipo de daño que, por su gravedad, extensión y duración en el tiempo, fue inimaginado para quien pensó la ley”.
El juez agregó: “Uno de los conceptos de ECOCIDIO más difundidos y aceptados es el de <<acto ilícito perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente>>”. El juez analizó cada uno de los términos empleados en esta definición y concluyó: “… con todos estos elementos, puedo afirmar que el daño agravado que realizó [el acusado] … constituye un ECOCIDIO”.
Sin embargo, al no estar tipificado el ecocidio en la legislación argentina, el juez accedió a la calificación jurídica propuesta por la fiscalía y las organizaciones ambientalistas, lo que fue compartido por las demás juezas que integraron el Tribunal. Finalmente, el acusado fue condenado por el “delito continuado” de “Daño Agravado en concurso ideal con el delito de crueldad animal”. Unos meses más tarde, el tribunal de alzada confirmó este veredicto.
Los proyectos de ley
El caso de los pingüinos de Punta Tombo fue el principal fundamento del primer proyecto de ley sobre ecocidio en Argentina, presentado el 25 de octubre de 2024 por la Diputada de la misma provincia de Chubut, Ana Clara Romero. En la exposición de motivos, se menciona la definición de ecocidio elaborada en 2021 por el Panel de Expertos Independientes convocado por la Fundación Stop Ecocidio.
Posteriormente, el 1 de abril de 2025, la Diputada por la Provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer, presentó un amplio Proyecto de Ley dedicado a los delitos ambientales, que incluye un capítulo enteramente dedicado al delito de ecocidio. Más recientemente, el 19 de junio, la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado argentino, Edith Terenzi, presentó un exhaustivo proyecto de ley “De Formas Especiales De Criminalidad Ambiental”, cuyo artículo 1º señala textualmente: “El objetivo de la presente ley es tipificar el ecocidio y las formas especiales de criminalidad ambiental para su incorporación de modo sistémico al Código Penal de la Nación”.
Los aspectos técnicos
En esta tarea ha sido constante la colaboración técnica de Stop Ecocidio Internacional y de la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático (AIDPAC), en especial de su director, el profesor Miguel Ángel Asturias, quien en el año 2022 elaboró una propuesta de ley de ecocidio para Argentina, material de consulta obligada en la elaboración de los proyectos de ley que se debaten hoy en el Congreso de la Nación.
Por desgracia, pocas veces la ley va por delante de los acontecimientos, sino que llega cuando ya se ha constatado su amarga necesidad. Aunque nunca es demasiado tarde para la protección ambiental, en este caso, los tres proyectos de ley han llegado tras varios episodios ambientales graves, incluida aquella masacre de pingüinos que hoy sigue clamando por una ley de ecocidio en Argentina.
