Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha retomado la agenda global sobre el cambio climático a través de la publicación de una opinión consultiva. En ese marco, no puede dejar de recordarse que hace 10 años se publicaba la Encíclica Papal Laudato si’ y la ONU adoptaba la Agenda 2030. Ambos documentos expresan, con gran preocupación, la importancia de que atendamos como sociedad global las causas y consecuencias del cambio climático.
La Opinión Consultiva OC-32/25, publicada el pasado 3 de julio, representa un hito jurídico al vincular por primera vez la emergencia climática con los derechos humanos en las Américas.
Si bien la OC fue solicitada por Chile y Colombia en 2023, la Corte IDH recibió 263 observaciones (de Estados, organismos internacionales, ONGs, sector académico y empresarial, entre otros) y 10 tribunales de la región de América Latina enviaron jurisprudencia vinculada a la emergencia climática y derechos humanos, transformándose, de esa manera, en el proceso más participativo en la historia de cualquier tribunal internacional.
La OC establece estándares vinculantes en la protección de los derechos humanos frente a los impactos del cambio climático para todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre ellos Argentina.
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Por un lado, la Corte IDH reconoce por primera vez el derecho autónomo a un clima estable y seguro como parte esencial del derecho a un ambiente sano. Este derecho es fundamental para el disfrute de otros derechos humanos, como la vida, la salud, el agua, la alimentación y la vivienda.
Por otro lado, la Corte IDH establece que los Estados tienen obligaciones frente a la emergencia climática. Entre ellos:
- Prevenir, mitigar y reparar los impactos del cambio climático.
- Actuar con debida diligencia reforzada (DDR), incluso ante riesgos graves sin certeza científica total.
- Cooperar internacionalmente, incluyendo financiamiento y transferencia tecnológica.
- Integrar el Acuerdo de Escazú como marco para garantizar derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental.
Asimismo, la Corte IDH enfatiza la necesidad de una protección reforzada para:
- Pueblos indígenas y tribales.
- Comunidades afrodescendientes y campesinas.
- Niños, niñas y adolescentes.
- Mujeres y personas con discapacidad.
Finalmente, la opinión consultiva no establece estándares claros de diligencia debida empresarial, pero reconoce que las empresas, especialmente las que generan mayores emisiones de gases de efecto invernadero, tienen responsabilidades en materia de derechos humanos y acción climática.
En un contexto de negacionismo climático fomentado por liderazgos políticos a nivel mundial y también nacional que desconocen la contribución de la humanidad a la crisis climática, esta Opinión Consultiva fortalece el litigio climático al proporcionar interpretaciones autorizadas de los tratados de derechos humanos, lo que puede influir en decisiones de tribunales nacionales e internacionales.
Veremos las repercusiones de esta Opinión consultiva en la próxima Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30), a llevarse adelante en noviembre en la ciudad de Belém, Brasil. A nivel local, justo el día que se publicaba la Opinión Consultiva, terminaba en la ciudad de Córdoba, la Conferencia Climática Internacional “Compromiso Latinoamericano hacia la COP 30”, de la cual participaron más de 20 países (Ecuador, Colombia, México, Brasil, Costa Rica, Chile, Perú, Ucrania, Kenia, entre otros), donde gobernadores de seis provincias (Córdoba, Chubut, Santa Fe, La Pampa, Jujuy y Entre Ríos) e intendentes compartieron experiencias, proyectos y desafíos para abordar el cambio climático desde una perspectiva local.
Ahora bien, ¿Qué hará Argentina? Recordemos que Argentina participó de forma activa en las negociaciones climáticas desde hace casi 30 años, pero se retiró en noviembre de 2024 de la COP 29 de Baku, Azerbaiyán ¿Asistirá a la COP 30? Esperemos que Argentina no pierda la oportunidad de participar en el necesario debate internacional por la acción climática.
