El 30 de abril se sancionó en Chaco la Ley 500R, con fuerte controversia socio-ambiental. La norma actualizó el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia del Chaco (OTBN), habilitando la deforestación de áreas protegidas.
Frente a esta alarmante situación de retroceso ambiental, 28 organizaciones ambientales de toda Argentina solicitaron el veto total de la ley, en una carta dirigida al gobernador de Chaco, Leandro Zdero.
Irregularidades de la Ley 4005R
Fundación Vida Silvestre, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y otras 25 organizaciones ambientales solicitaron el veto total de una ley que habilita la deforestación de áreas protegidas y está repleta de irregularidades.
Las motivos que harían inconstitucional a esta ley, son:
- Contradice a una norma de mayor jerarquía: La Ley Nacional 26.331 de Bosques Nativos. Esta norma obliga a cada provincia a establecer una legislación provincial que ordene los bosques nativos en tres categorías distintas de conservación: roja, amarilla y verde. Cada una de estas categorías especifica las actividades que pueden realizarse en los bosques. Sin embargo, la nueva norma provincial introduce modificaciones a determinadas áreas de bosques nativos, pasando de Categoría II (amarilla) a Categoría III (verde), lo que implica que zonas que antes tenían valor de conservación, donde solo se permitía el uso sostenible, ahora quedan abiertas al desmonte.
- Viola expresamente el principio de progresividad: El mismo está consagrado en la Ley General del Ambiente (Nº 25.675) y establece que los objetivos ambientales deben ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación a las actividades relacionadas con esos objetivos. Lejos de esto, las organizaciones denuncian irregularidades en el proceso de sanción de la ley, que no permitió la participación popular.
- Viola el principio de no regresión: Consagrado en la Ley 27.566 del Acuerdo de Escazú. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este acuerdo (del que Argentina forma parte) “busca que el sistema no tenga retrocesos de los avances ya alcanzados por cada Estado.” Esto significa que los poderes público no pueden disminuir o afectar de manera significativa el nivel de protección ambiental alcanzado.
- No cumplió con la instancia de información y participación ciudadana: Y tampoco hubo consulta a comunidades originarias que habitan bosques que buscan ser desmontados, violando su derecho a consulta previa.
Frente a estas irregularidades, toda la sociedad civil debe participar activamente en la protección de los bosques nativos, que a su vez son hábitat de la biodiversidad y sitios esenciales en la lucha contra el cambio climático.
La situación de los bosques en Chaco: emergencia forestal
Según el informe anual de 2023 de Greenpeace, la provincia de Chaco se encuentra en un estado de emergencia forestal, alcanzando el récord nacional de más de 57.000 hectáreas deforestadas en un año. Esto sería el equivalente a deforestar más de dos veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (que tiene una superficie de 20.300 hectáreas).
Según el mismo informe, entre 2009 y 2023 se deforestaron en Chaco más de 600.000 hectáreas, constituyendo una de las tasas de deforestación más altas del planeta.
La directora ejecutiva adjunta de FARN, Ana Di Pangracio, se refirió a la situación que atenta contra la salud del ambiente: “Necesitamos que los gobiernos tengan presente el rol fundamental que cumplen los bosques en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, la conservación de los suelos y de la biodiversidad. Actualmente estos ecosistemas cubren casi el 31% de la superficie de la Tierra, y concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta. Es esencial asegurar bosques sanos”.
¿Qué piensas de esta ley?