Un tribunal federal en Río Grande, Tierra del Fuego, ordenó la suspensión inmediata del proyecto petrolero Sea Lion en la plataforma continental argentina, a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La medida cautelar fue dictada por la jueza federal Mariel Borruto en respuesta a una demanda colectiva por daño ambiental presentada por el Centro de Ex Combatientes de Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) contra Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited.
La decisión judicial se apoya en un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente, que confirmó que ninguna de las empresas presentó aviso de proyecto ni inició el procedimiento de evaluación de impacto ambiental exigido por la Ley General del Ambiente. Según la magistrada, esta omisión hace aplicables los principios de prevención y precaución establecidos en la legislación argentina.
Qué obras quedan prohibidas hasta nueva orden
La medida cautelar prohíbe a Rockhopper y Navitas iniciar, continuar o contratar cualquier trabajo físico relacionado con el proyecto Sea Lion y sus posibles expansiones. La suspensión incluye la perforación del lecho marino o subsuelo para extracción de hidrocarburos, la instalación permanente de infraestructura submarina, tuberías, sistemas de inyección y control, estructuras de amarre, unidades flotantes de producción y almacenamiento, y el inicio de extracción comercial de hidrocarburos.
También quedan suspendidas las obras terrestres y portuarias de apoyo al proyecto: bases logísticas, ampliaciones portuarias, plantas de lodo y cemento, almacenes de químicos, infraestructura de alojamiento y facilidades de apoyo aéreo. La prohibición se mantendrá hasta que se complete el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional correspondiente o hasta que el tribunal dicte lo contrario.
En su fallo, Borruto aclaró que la medida no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas ni sobre el fondo de la causa. “No se está afirmando aquí que el daño ambiental alegado vaya a ocurrir, ni podría hacerse tal afirmación en esta etapa del proceso”, señaló la jueza, según consignó el Buenos Aires Herald. Lo que sí quedó establecido, agregó, es que las empresas omitieron realizar el procedimiento previsto por ley para determinar si el daño ocurrirá y qué medidas deberían adoptarse para prevenirlo o mitigarlo.
La resolución marca un precedente en la disputa por la soberanía y el uso de recursos naturales en Malvinas, territorio que Argentina reclama como propio mientras el Reino Unido mantiene control administrativo bajo el nombre de Falkland Islands. La suspensión judicial obliga ahora a las petroleras a someterse al marco normativo argentino antes de avanzar con la explotación offshore en aguas que ambos países consideran bajo su jurisdicción.
Fuente original: https://buenosairesherald.com/politics/judiciary/court-halts-sea-lion-project-in-malvinas-orders-environmental-impact-assessment