La administración de Donald Trump ha instado a la industria petrolera y a los productores de biocombustibles a alcanzar un consenso sobre la política energética del país, con el fin de evitar las tensiones que marcaron su primer mandato. Según expresaron a Reuters cuatro fuentes cercanas a las negociaciones, ambas partes han iniciado conversaciones para definir el futuro de los combustibles renovables en Estados Unidos.
Las compañías petroleras y los fabricantes de biocombustibles mantienen una rivalidad histórica en el mercado de combustibles del país. La disputa gira en torno al Estándar de Combustibles Renovables (RFS, por sus siglas en inglés), que exige la mezcla de etanol y otros biocombustibles en la gasolina. En respuesta a esta pugna, la Casa Blanca ha promovido encuentros entre las partes, como el organizado recientemente por el Instituto Americano del Petróleo (API), informó a la agencia de noticias inglesa Will Hupman, vicepresidente de política downstream de esta organización.
Durante la reunión, los participantes debatieron sobre los volúmenes obligatorios de biocombustibles, las exenciones para pequeñas refinerías y la política fiscal del sector. De acuerdo con Hupman, cualquier acuerdo entre estas dos influyentes industrias podría ser adoptado por el gobierno de Trump. “Es más fácil para la administración fijar objetivos si escucha a ambos bandos”, aseguró a Reuters.
Los puntos de debate
Uno de los temas centrales de la discusión ha sido la nueva normativa que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) prepara para regular la mezcla de biocombustibles en los próximos años. Según el artículo de la agencia inglesa, existe consenso en aumentar significativamente el volumen de diésel renovable y biodiésel, que actualmente se sitúa en 3.350 millones de galones. El rango propuesto oscila entre 4.750 y 5.500 millones de galones, aunque persisten diferencias sobre la velocidad del incremento.
En contraste, los volúmenes de mezcla de etanol han alcanzado el techo de 15.000 millones de galones debido a la baja demanda de gasolina, lo que limita su margen de crecimiento. Además, los asistentes al encuentro mostraron posturas divididas respecto a las exenciones otorgadas a pequeñas refinerías, una medida que en el pasado ha generado polémica en el Cinturón Agrícola. Durante la administración Trump, la EPA concedió un número récord de estas exenciones, lo que provocó críticas de sectores republicanos que defendían a los agricultores afectados.
El expresidente Joe Biden intentó restringir estas exenciones, desatando una serie de litigios que han llegado hasta la Corte Suprema de EE. UU. En la actualidad, varias solicitudes de exención siguen pendientes ante la EPA, y las partes enfrentadas discrepan sobre si las grandes refinerías deberían compensar los volúmenes exentos.
Otro tema clave en la negociación es el futuro del crédito fiscal para el diésel de biomasa. La administración Biden sustituyó el incentivo fijo de 1 dólar por galón para mezcladores con el programa 45Z, que premia a los productores en función de la intensidad de carbono de sus combustibles. Sin embargo, los republicanos aún no han decidido si mantendrán esta política.
Algunas organizaciones, como la Asociación Nacional de Operadores de Paradas de Camiones (NATSO), abogan por restablecer el crédito anterior, mientras que otros actores del sector respaldan el nuevo esquema fiscal. Según los asistentes a la reunión, todavía no hay consenso sobre este asunto, más allá del compromiso de continuar las conversaciones.
La negociación refleja una nueva fase de cooperación entre las grandes petroleras y los productores agrícolas. Según Hupman, la brecha entre ambas industrias se ha reducido con el tiempo, ya que refinerías como Marathon Petroleum y Valero han invertido en biocombustibles. “Nuestras empresas han evolucionado con el mercado energético”, afirmó. “El RFS ha llegado para quedarse, y queremos garantizar su eficiencia”.
*Fuente: Reuters
