Tras dos semanas de negociaciones y más de un año de trabajo preparatorio, la COP30 no logró resultados que permitan vislumbrar una dirección clara ante la urgencia y los desafíos de implementar una acción climática global y robusta.
El contexto adverso en el que se desarrolló la COP30
El proceso hacia Belém estuvo marcado por la ausencia de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), incluidas las de los mayores emisores, que debían presentarse el pasado febrero. Este incumplimiento envió una señal temprana: la ambición climática enfrenta obstáculos políticos estructurales. Las NDC son el instrumento central para orientar la acción climática bajo el Acuerdo de París, y su demora no solo compromete la posibilidad de sostener colectivamente una trayectoria de 1,5 °C, sino que también erosiona la confianza en el sistema multilateral.
Todo ello ocurrió en un contexto internacional frágil, atravesado por conflictos armados, tensiones geopolíticas, un genocidio televisado, y la ausencia del principal emisor, Estados Unidos, en el espacio formal de la COP.
A este escenario se sumó un fenómeno transversal: el redireccionamiento de las finanzas globales hacia el gasto militar, y el debilitamiento sustantivo de la disponibilidad de recursos para la acción climática.
En ese marco, varios países del Sur Global, respaldados durante la COP por todo el G77, demandaron abrir una conversación formal sobre la provisión de financiamiento público por parte de los países desarrollados, según lo establecido en el Artículo 9.1 del Acuerdo de París. Esta demanda permeó prácticamente todas las salas de negociación en tanto no solo expone la falta de claridad, suficiencia y previsibilidad del sistema financiero climático global, sino que aterriza en el corazón del proceso: sin financiamiento previsible, adecuado y de calidad, no se puede asegurar la confianza, la sostenibilidad ni la profundidad de las transformaciones que la acción climática exige, especialmente en países con fuertes restricciones fiscales y prioridades sociales igualmente urgentes.
Por otra parte, el camino a Belém generó una fuerte articulación entre organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas, dando lugar a la Cumbre de los Pueblos, espacio clave de convergencia social. Asimismo, a nivel nacional organizaciones de la sociedad civil, colectivos territoriales y organizaciones indígenas reclamaron el freno a la expansión de los combustibles fósiles y la protección integral de la Amazonía. Ello, en un contexto en el que el proceso formal de negociación no contaba con rutas claras para abordar los combustibles fósiles, lo que da cuenta de la enorme brecha entre las demandas sociales y la capacidad del sistema multilateral para integrarlas de manera efectiva en sus decisiones.
Transición justa: avance institucional con vacíos en temas críticos
Uno de los logros más relevantes de la COP30 fue el avance del Programa de Trabajo sobre Transición Justa (JTWP, por sus siglas en inglés) con la decisión de establecer un Mecanismo de Acción de Belém (BAM, por sus siglas en inglés).
Este acuerdo es una gran victoria para los trabajadores y sus sindicatos, ya que convierte la transición justa de un concepto aspiracional a un componente estructural de la gobernanza climática global. Los países acordaron establecer un mecanismo específico para pasar de los principios a la implementación. Aunque su diseño final deberá definirse durante 2026, el acuerdo envía una señal política clara: la transición justa deja de ser un concepto aspiracional y se convierte en un componente estructural de la gobernanza climática global.
El texto final resultante de la COP30 incorpora referencias explícitas a derechos humanos, participación, igualdad de género, pueblos indígenas, sindicatos y jóvenes, un enfoque alineado con las demandas históricas del Sur Global. Ese reconocimiento era necesario para evitar que la transición energética reproduzca desigualdades preexistentes; el resultado de Belém vincula una transición justa con derechos, inclusión y desarrollo sostenible.
Sin embargo, las discusiones también evidenciaron límites estructurales. El lenguaje sobre los componentes más controversiales, como los minerales necesarios para la transición y la referencia a la salida de los combustibles fósiles, no lograron ser reflejados en el texto final. Aun así, el JTWP sale robustecido en su dimensión institucional y programática, y 2026 será clave para definir su mecanismo operativo. El BAM debe incluir las Directrices de Transición Justa de la OIT, el Acelerador sobre Empleos y Protección Social y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. También incorpora referencias a derechos laborales, protección social, el sector informal, la economía del cuidado, los derechos de los pueblos indígenas, y la igualdad de género.
Combustibles fósiles y minerales: una hoja de ruta sin ruta
La COP30 cerró sin incorporar una hoja de ruta clara para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, pese a que más de 88 países y cientos de organizaciones de la sociedad civil reclamaron que Belém definiera un proceso concreto y planificado para avanzar más allá del lenguaje del Balance Global.
En lugar de ello, el borrador final del Mutirão retrocedió hacia formulaciones genéricas de implementación que evitan establecer el ritmo, las metas y los apoyos necesarios para una transición energética justa, ordenada y equitativa, especialmente para los países productores del Sur Global. Este resultado respondió principalmente a la oposición de Arabia Saudita y Rusia, que bloquearon cualquier referencia a una trayectoria de abandono de los combustibles fósiles, incluso ante el impulso político generado por el anuncio de la primera Conferencia Global sobre la Transición Fuera de los Combustibles Fósiles, en Colombia en 2026. La ausencia de dicha hoja de ruta en la COP30 deja, por ahora, al proceso multilateral sin una señal común de dirección ante un desafío que no admite dilaciones.
Este retroceso se replicó en el segundo pilar fundamental de la transición energética, los minerales críticos. Aunque por primera vez el tema había sido incluido de manera explícita en las negociaciones del Programa de Trabajo sobre Transición Justa, reconociendo tanto su centralidad para la descarbonización como los riesgos que su extracción genera para comunidades, ecosistemas y pueblos indígenas, el lenguaje sobre minerales fue eliminado en la última versión del texto debido a la oposición de China, actor clave en producción, procesamiento y consumo global de minerales necesarios para tecnologías renovables. Su eliminación se produjo a pesar de los esfuerzos sostenidos de más de 200 organizaciones y comunidades de distintas regiones que defendieron la urgencia de mantener este tema en la agenda para garantizar que la transición energética no reproduzca patrones de extracción desregulada ni impactos desproporcionados en territorios vulnerables.
El retroceso también expone las tensiones inherentes a las cadenas globales de suministro de tecnologías renovables, que hoy concentran poder económico y político en pocos países y cuya falta de gobernanza multilateral permite que intereses estratégicos se impongan sobre criterios de transparencia, trazabilidad y derechos humanos. La ausencia del tema en el texto final impide avanzar hacia un marco común que asegure que la expansión de energías renovables no se construya a costa de nuevas desigualdades o violaciones de derechos. Así, este bloqueo reproduce la dinámica que limitó los avances en combustibles fósiles y evidencia un patrón común: sin una hoja de ruta para abandonar los fósiles y sin un sistema de gobernanza responsable para los minerales que sustentan la transición energética, la COP30 deja sin resolver elementos estructurales indispensables y debilita la coherencia del proceso multilateral en un momento decisivo para la acción climática global.
Financiamiento climático: una demanda estructural que la COP30 pospuso
El financiamiento fue un tema transversal para la COP30. En el marco de las consultas presidenciales para atender las demandas de los países en cuanto a la agenda de la conferencia, entre los cuatro temas clave estaba uno de los puntos más sensibles para el Sur Global: establecer una conversación formal, robusta y efectiva sobre la provisión de financiamiento público por parte de los países desarrollados, conforme al Artículo 9.1 del Acuerdo de París.
El resultado final quedó lejos de responder a esa demanda. El texto de la Global Mutirão Decision, que recoge lo discutido mediante estas consultas, solo incluye referencias mínimas, que no se ajustan a la urgencia planteada por los países en desarrollo. En lugar de establecer un mecanismo centrado en el 9.1, el acuerdo crea un programa de trabajo de dos años para discutir todo el Artículo 9, que abarca siete numerales con temas muy amplios, desde provisión hasta movilización privada y reporte. Este enfoque no solo diluye la demanda original, sino que abre la puerta a un proceso principalmente procedimental, sin respuestas concretas. En síntesis, el resultado no responde a la expectativa del Sur Global y deja pendiente una conversación estructural que se relaciona y retroalimenta la arquitectura climática global en su conjunto.
Conclusiones: un proceso en tensión, un 2026 decisivo
Belém deja una imagen dual. Por un lado, un avance institucional en transición justa, una participación indígena histórica y un fortalecimiento de la cohesión social. Por otro lado, la ausencia de definiciones sobre fósiles, minerales y financiamiento, tres pilares fundamentales de cualquier transición real y efectiva.
2026 será decisivo. Turquía ganó la candidatura para organizar la COP31 en Antalya. Esta elección es motivo de preocupación, ya que Turquía figuró entre los diez peores países para los trabajadores en 2025 y el alcalde de Antalya se encuentra encarcelado como parte de una represión a la oposición. La presidencia brasileña tendrá la responsabilidad de conducir un proceso para establecer una hoja de ruta para la transición fuera de los combustibles fósiles. Será fundamental asegurar que este proceso sea abierto, participativo y transparente. Con los espacios necesarios para la contribución sustantiva de distintos actores y, al mismo tiempo, garantizar que dicha hoja de ruta pueda aterrizar dentro de la negociación en la COP31.
* Karla Maass Wolfenson es asesora senior de Incidencia Climática en Climate Action Network América Latina (CANLA); Laura María Montaño, coordinadora regional para Latinoamérica y el Caribe de la Resource Justice Network; Camila Mercure, coordinadora de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina; y Sol Klas, referente del Frente Sindical para la Acción Climática (FSAC).
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