Un proyecto de ley paralizado en el Congreso nacional deja al descubierto una alarmante asimetría frente al resto de Latinoamérica. Mientras los países vecinos garantizan el acceso público a la información de sus flotas pesqueras, Argentina mantiene un hermetismo estatal que favorece el secreto corporativo, debilita la fiscalización y priva a la ciudadanía de conocer los antecedentes de las empresas que explotan los recursos del Mar Argentino.
El manejo de la información pesquera en el país arrastra un atraso estructural que volvió a quedar en evidencia al analizar el estancamiento legislativo del proyecto de ley 2585-D-2026. A meses de su ingreso formal al Congreso de la Nación, la iniciativa que busca modificar el artículo 41 de la Ley Federal de Pesca 24.922 para obligar al Estado a transparentar los datos operativos de la flota comercial sigue exponiendo una deuda administrativa pendiente. Lejos de representar un simple trámite burocrático, la parálisis de esta discusión de fondo deja al descubierto que Argentina conforma hoy una excepción negativa frente a los estándares de control que ya aplican sus países vecinos.
Los fundamentos del texto impulsado por el diputado Maximiliano Ferraro revelan una realidad incómoda para la administración pública nacional. Prácticamente todos los países latinoamericanos con flota industrial cuentan en la actualidad con registros de acceso público en línea. Naciones como Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, México, Panamá y Guatemala ya superaron esta etapa y permiten consultar de forma abierta las licencias, los permisos y los antecedentes de sus barcos comerciales.
El contraste regional y la asimetría informativa
Esta diferencia de criterios frente al resto del continente genera situaciones paradójicas en el territorio nacional. Gran parte de la información sobre las características técnicas y la titularidad de los barcos que el Estado debería brindar de forma directa termina siendo publicada por organizaciones internacionales o certificadoras privadas, las cuales exigen esos datos para cumplir con sus propios estándares de sostenibilidad. El análisis legislativo advierte que esta dinámica debilita la transparencia institucional y desplaza la legitimidad de la información hacia actores externos al gobierno.
Este diagnóstico institucional recoge de manera directa los relevamientos impulsados por organizaciones de la sociedad civil como la fundación Sin Azul No Hay Verde y el Círculo de Políticas Ambientales. A través de distintos informes técnicos que sirvieron como sustento para el reclamo parlamentario, estas entidades ambientales vienen denunciando la opacidad del sistema pesquero argentino y advirtiendo que la falta de un registro oficial público impide fiscalizar los permisos, conocer los antecedentes de las flotas y garantizar el acceso a la información ambiental que estipulan los acuerdos vigentes.
La propuesta paralizada en las comisiones busca corregir esa distorsión exigiendo la creación de un sitio oficial de internet gratuito, permanente y con datos en formatos abiertos. El objetivo central apunta a que el Registro de la Pesca detalle de manera obligatoria la identificación de las embarcaciones, las artes de pesca declaradas y la información completa sobre la propiedad del buque. El documento exige incluir los datos del titular, del armador, del operador autorizado y de la estructura de control relevante o grupo empresario al que pertenecen.
Un freno a la opacidad corporativa
El hermetismo estatal sostenido en el tiempo produce consecuencias directas sobre el recurso marítimo. La falta de un registro público con datos unificados debilita los controles oficiales y facilita la habilitación de empresas con antecedentes o vínculos directos con actividades de pesca ilegal. Al mantener la información dispersa o directamente inaccesible, el sistema actual impide contrastar las maniobras de la flota con la normativa vigente en tiempo real.
Para evitar la repetición de prácticas irregulares se plantea la obligación ineludible de publicar el historial de sanciones firmes correspondientes a cada embarcación y a su empresa titular. Este punto resulta crucial para identificar a los operadores reincidentes y generar incentivos reales de cumplimiento, obligando a detallar el tipo de infracción cometida, la autoridad interviniente y el estado de la sanción aplicada. El proyecto fija además un plazo máximo de ciento ochenta días corridos para implementar la digitalización desde la eventual entrada en vigencia de la norma.
El fin del secreto administrativo
Un aspecto destacado de la redacción parlamentaria es el límite estricto que se busca imponer a la confidencialidad corporativa. El texto determina que el resguardo de información por razones de secreto industrial o comercial deberá ser siempre de carácter excepcional, fundado y parcial. Esta limitación legal persigue el objetivo de garantizar que las excepciones empresariales no terminen operando como una excusa para impedir la publicación del resto de los datos registrales que revisten un claro interés público.
La modernización del sistema de administración constituye una demanda insoslayable para cumplir con las crecientes exigencias globales de trazabilidad pesquera. El acceso público a las cuotas individuales asignadas, a las especies autorizadas y a las transferencias de licencias resulta indispensable para dotar a las instituciones de mayor solidez. Retomar y agilizar este debate en el Congreso representa una oportunidad concreta para que el país abandone la opacidad histórica y recupere de una vez el control democrático sobre la explotación de sus recursos naturales.
