La COP31 en Antalya debe empezar a hablar de financiamiento para la transición justa, advierte un nuevo documento de discusión del Just Transition Finance Lab del Grantham Research Institute. La razón: las decenas de miles de millones de dólares prometidos esta década para transiciones energéticas en el Sur Global se han canalizado casi exclusivamente hacia infraestructura, mientras el apoyo social a trabajadores y comunidades representa una fracción mínima.
Según el informe producido para el G20 en Brasil, de los fondos comprometidos en las Asociaciones para una Transición Energética Justa (JETP, por sus siglas en inglés) de Sudáfrica, Indonesia y Vietnam, las donaciones representaron apenas el 4% del total. El 53% fueron préstamos concesionales, el 25% préstamos comerciales y el 13% garantías. Esa estructura financiera pone en riesgo el respaldo comunitario necesario para que las transiciones avancen, alertan expertos en justicia climática.
“Están diseñados para mover dinero a proyectos de energía, y nuestras donaciones construyen la infraestructura cívica y de gobernanza que permite que ese dinero aterrice”, explicó Justin Sylvester, director de transición justa de ClimateWorks Foundation, a Climate Home News. ClimateWorks lanzó en 2023 junto a las fundaciones IKEA y Laudes un fondo de USD 20 millones para apoyar a organizaciones de base y sindicatos en países con JETP.
El financiamiento que nadie rastrea aún
El problema de fondo es la ausencia de medición: nadie sabe cuánto dinero se destina realmente a la dimensión social de las transiciones climáticas. Como categoría emergente que apenas lleva unos años de desarrollo, el financiamiento para transición justa no cuenta con taxonomías compartidas ni mecanismos de seguimiento comprensivo.
Las estimaciones de necesidades varían enormemente. Un panel de alto nivel sobre finanzas climáticas calculó USD 50.000 millones anuales para 2035; la Civil Society Equity Review habló de USD 242.000 millones al año. Pero las cifras no son directamente comparables por diferencias metodológicas.
“La opacidad nos está costando una comprensión sólida del financiamiento para transición justa”, señaló Jodi-Ann Wang, investigadora del Just Transition Finance Lab, durante un seminario web sobre el documento. Wang subrayó que no existe aún un rastreador común ni supervisión de estos flujos.
Ahí entra el Mecanismo de Transición Justa Belém-Antalya (BAM, por su sigla en inglés), que será discutido en la COP31. El mecanismo, impulsado por organizaciones de la sociedad civil, busca establecer precisamente ese marco de medición y rendición de cuentas que hoy falta. El documento define el financiamiento para transición justa como “fondos provenientes principalmente de fuentes públicas, sobre todo basados en donaciones, altamente concesionales y que no generen deuda, que apoyen las políticas y medidas necesarias para alejar las economías de modelos extractivos e intensivos en carbono mientras distribuyen costos y beneficios de manera justa”.
Los primeros resultados de las JETP han sido mixtos: el progreso en el abandono del carbón en los países con estas asociaciones ha sido más lento de lo esperado. Mientras tanto, el Global South Just Transition Fund logró avances concretos: en Indonesia respaldó un modelo de Fondo de Recursos Naturales subnacional avalado por el ministerio de finanzas, que ofrece una ruta para que los distritos canalicen ingresos del carbón hacia economías post-carbón. En Sudáfrica, la organización sin fines de lucro INSPIRE trabajó con la desarrolladora solar Forethought Capital para construir confianza con líderes comunitarios y asegurar arrendamientos para proyectos solares en tierras comunales protegidas, un modelo replicable.
La COP31 se celebrará en Antalya, Turquía, en noviembre próximo.
Fuente original: https://www.climatechangenews.com/2026/10/28/why-cop31-needs-to-start-talking-about-just-transition-finance/
