Greenpeace Argentina pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspenda de inmediato los desmontes en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco. La organización presentó el recurso el 12 de noviembre de 2026 en el marco de la llamada Causa Yaguareté, con el patrocinio de Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
La presentación incluye el pedido de una medida cautelar y la convocatoria a una audiencia pública. Según el documento presentado, entre enero y septiembre de 2026 se desmontaron 73.224 hectáreas de bosques nativos en el norte: 35.368 hectáreas en Santiago del Estero, 20.122 hectáreas en Salta, 9.339 hectáreas en Chaco y 8.395 hectáreas en Formosa.
La deforestación amenaza los últimos yaguaretés del Gran Chaco
De acuerdo con el escrito de Greenpeace Argentina, la degradación y fragmentación de los bosques ponen en riesgo la supervivencia de los menos de 20 ejemplares de yaguareté que sobreviven en la región del Gran Chaco argentino. La documentación muestra que gran parte de la deforestación reciente coincide con el área señalada por científicos como crítica para la conservación de la especie.
La organización sostiene que las recientes modificaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de Chaco y Salta no tuvieron en cuenta los trabajos científicos sobre hábitat del yaguareté. Esto permitió que la deforestación avanzara sobre territorios clave para la conservación de la especie, protegida por ley como Monumento Natural Nacional.
Greenpeace denuncia desfinanciamiento y cambios a la Ley de Bosques
Las pruebas aportadas alertan sobre la gravedad del desfinanciamiento y los cambios propuestos por el gobierno nacional a la Ley de Bosques. Según Greenpeace Argentina, si se aprueban las modificaciones, solo estarán prohibidos los desmontes en bosques clasificados en Categoría I (rojo), que abarcan en promedio cerca del 10% de la superficie de los Ordenamientos Territoriales de las cuatro provincias del norte.
La organización solicitó al máximo tribunal que utilice el mismo criterio aplicado en la causa Árbol de Pie por la Ley de Tierras, donde la Corte reconoció expresamente el derecho de obtener una respuesta judicial en tiempo oportuno. En aquel caso, el tribunal adoptó una medida interina para asegurar la tutela judicial efectiva y evitar daños irreparables.
La Causa Yaguareté comenzó en 2019, cuando Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema contra las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa y el Estado Nacional por permitir la destrucción del hábitat del yaguareté. En 2021 se presentó la primera medida cautelar. En 2022, la Corte Suprema anunció que realizaría una audiencia pública sobre el caso y al año siguiente declaró su competencia en la causa.
