“Fue dictado a la medida de intereses extractivistas”, dijeron las comunidades originarias de El Bolsón, tras la resolución de la justicia provincial de permitirle a la empresa Ivael Mining S.A que realice excavaciones, prospección y explotación en tierras comunitarias. Antes, el Juzgado Multifueros había prohibido avanzar con cualquier actividad minera en estas zonas hasta que el gobierno provincial haya finalizado el proceso de consulta al pueblo Ancalao.
Fue por resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro que revocó el fallo que había paralizado los trabajos exploratorios de minería que llevaba adelante la empresa Ivael Mining S.A. en la zona andina de El Bolsón. El STJ, integrado por los jueces Ricardo Apcarian, Cecilia Criado, Sergio Barotto y Liliana Piccinini, argumentó que “el fallo de primera instancia se emitió sin tener un relevamiento que permita determinar si las tierras ocupadas por los pueblos originarios coinciden con las zonas que abarcan los permisos”.
Y sumó que “la sentencia era contradictoria al aceptar que los estudios ambientales y demás actos administrativos realizados por el Ministerio de Ambiente provincial eran válidos, pero ordenaba su paralización”. Además, advirtió que “el juez sustituto Marcelo Muscillo, previo a resolver, debió verificar que las tierras involucradas exhibían posesión comunitaria ancestral y que fueran aquellas donde la autoridad de aplicación tramitaba las autorizaciones y/o permisos mineros aquí cuestionados”.
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“Dicho error torna incoherente y arbitraria la decisión, toda vez que no es posible identificar cuáles son las prohibiciones, que permisos pueden o no otorgarse y a quien debería efectuarse la consulta dispuesta. El pronunciamiento impugnado se vuelve contradictorio al rechazar la invalidez de los actos administrativos emitidos por la autoridad competente en la materia y al mismo tiempo ordenar la suspensión”, concluyó.
Sin embargo, esta decisión es duramente criticada por vecinos de la zona y, especialmente, por representantes de las comunidades originarias. En contacto con Radio Nacional Viedma, el vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo, dijo que el fallo “fue dictado a la medida de los intereses extractivos”. Y agregó: “Creo que en 40 años de democracia estas cosas no debieran pasar. Se pierde la calidad institucional de un organismo del que dependen todos los sectores más postergados y avasallados de la sociedad, como es la Justicia”.
“Si no podemos confiar en que la Justicia respete las propias leyes que están vigentes, que podemos esperar de las empresas, o de los gobiernos, que nos queda a nosotros, solo cerrar las tranqueras y tener más problemas”, explicó Carriqueo y fue contundente en la decisión de la comunidad de no permitir el ingreso de las máquinas al territorio: “Las comunidades ya manifestaron que no van a permitir el ingreso de las empresas mineras a los territorios comunitarios”.
