Las movilizaciones en Panamá contra la megaminería no tienen precedentes. El rechazo a la habilitación a una empresa canadiense para explotar durante 20 años la mina de cobre más grande de Centroamérica demuestra que no hay licencia social. Hay heridos y detenidos por las protestas que llegaron a manifestarse en la entrada del Hotel Marriot de la capital, donde se encuentra su ministro de Ambiente junto con tomadores de decisión de la región por la Semana del Clima de América Latina y el Caribe.
“Cambio climático y minería matan”, mostraban algunos carteles de los panameños que rechazan la concesión del Estado, aprobada por ley, a la empresa subsidiaria de Firts Quantum Minerals, la Minera Panamá. “El documento tiene lesiones al Estado panameño en prácticamente todas sus cláusulas”, sostuvo la directora de la Fundación Panamá Sostenible, Raisa Banfield, informó el diario español El País.
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Panamá sin minería: incumplimiento del Acuerdo de Escazú
La ley que permite la explotación a cielo abierto de la mina de cobre fue aprobada en tiempo récord: en tres días. Los panameños denunciaron que no fueron bien consultados y que no podían descargar el documento del proyecto antes del debate, por lo que afirman que incumple con el Acuerdo de Escazú que determina que tiene que haber participación ciudadana.
La mina de cobre consta de unas 12.000 hectáreas, en el Caribe panameño, en la provincia de Colón, sobre el corredor biológico mesoamericano, y se trata de un área protegida. El yacimiento viene siendo operado desde 1997, pero el gobierno encabezado por Laurentino Cortizo, prolongó el contrato con la empresa por 20 años más y podría ser durante 40 años.
“Panamá no se vende”, gritan los panameños en las calles. Mientras, las estrategias gubernamentales para continuar con el extractivismo, son las mismas que en otras partes del mundo, ya que sostienen que, en caso de suspenderse el proyecto: se perderían puestos de trabajo, no tendrían dinero para cuidar el área protegida y, desde ya, critican las movilizaciones por cortar el tránsito.
La explotación de la mina viene siendo denunciada hace décadas por varias irregularidades. La preocupación de los activistas es principalmente por la cantidad de agua que la minera está habilitada a usar. El país caribeño está atravesando una grave sequía que los expertos prevén se extenderá. Es por esto que las autoridades debieron disminuir el tránsito en el canal de Panamá.
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