En todas partes del mundo, el activismo ambiental es castigado de forma cada vez más dura. Sin embargo, los países occidentales más ricos y “democráticos”, personifican la hipocresía a la perfección: por un lado, reprimen las manifestaciones climáticas con violencia mientras, por el otro lado, remarcan la importancia del derecho a protestar en el escenario internacional.
Así lo demostró un informe de Climate Rights International, que hizo hincapié en las penas de prisión, la detención preventiva y los cargos penales que afectan a los activistas climáticos de países como Australia, Alemania, Francia, Países Bajos, Suecia, el Reino Unido y EEUU.
En un mundo sumido en la crisis climática, el activismo ambiental se alza como una herramienta esencial para la humanidad pero amenazante para los grandes poderes y los mismos activistas.
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Represión a los activistas ambientales: penas cada vez más duras
El informe de 70 páginas publicado en septiembre, documentó el trato cada vez más severo que se da a las protestas climáticas en Australia, Alemania, Francia, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Suecia, el Reino Unido y EEUU.
Al reprimir a los activistas climáticos, los Gobiernos violan su compromiso legal de proteger los derechos básicos a la libertad de expresión, reunión y asociación de sus habitantes.
En referencia a la importancia del activismo ambiental en un mundo sumido en la crisis climática, el director ejecutivo de Climate Rights International, Brad Adams, expresó: “En lugar de encarcelar a los manifestantes climáticos y socavar las libertades civiles, los gobiernos deberían atender su llamado a tomar medidas urgentes para abordar la crisis climática”.
Pero, según el estudio, no solo es eso: “Con demasiada frecuencia, los gobiernos adoptan una postura firme y basada en principios sobre el derecho a la protesta pacífica en otros países, pero cuando no les gustan ciertos tipos de protestas en su país, aprueban leyes y envían a la policía para detenerlas”, explicó Adams.
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5 ejemplos de países que reprimen el activismo ambiental
Desde Oceanía y Norteamérica hasta el continente europeo, con estos 5 ejemplos de activismo climático reprimido, Climate Rights International demuestra la problemática que afecta a los activistas ambientales y, de manera indirecta, a la humanidad entera:
- Países Bajos: el actor y activista holandés, Sieger Sloot, fue detenido y procesado por la policía cuando invitó a sus seguidores en las redes sociales a sumarse a una protesta pacífica en La Haya que proponía bloquear una calle.
- EEUU: los activistas Timothy Martin y Joanna Smith fueron sometidos a “cargos por delitos graves” de hasta 5 años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares por arrojar pintura soluble en agua en la caja protectora de una estatua en la Galería Nacional en Washington DC.
- Alemania: el activista de 65 años, Winfried Lorenz, fue condenado a 22 meses de prisión sin libertad condicional por participar en una sentada. Se cree que es la pena de prisión más larga jamás impuesta en Berlín contra un manifestante pacífico por el clima.
- Australia: Deanna “Violet” Coco fue procesada bajo una ley de Nueva Gales del Sur que castiga con hasta 2 años de prisión por bloquear alguna parte de un puente o túnel en el que circulan vehículos o peatones.
- Reino Unido: entre las decenas de manifestantes que han recibido sentencias de prisión sin precedentes, 4 activistas ambientales recibieron 4 años de prisión por protestar de forma no violenta en las calles de Londres.
En este sentido, en plena crisis climática que aumenta las temperaturas año tras año y potencia los fenómenos climáticos extremos en todo el mundo, Climate Rights International instó a los Gobiernos a revertir la situación y tomar medidas a favor de los activistas que buscan proteger el planeta:
- Proteger el derecho a la protesta pacífica
- Adoptar medidas proactivas para apoyar manifestaciones seguras y responsables
- Modificar o derogar las leyes que afectan a los manifestantes pacíficos
- Permitir la presentación de pruebas de que los manifestantes están motivados por el cambio climático y adoptar una legislación que cree una defensa de interés público en los procedimientos legales que involucren a manifestantes climáticos.
