La reciente Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú, celebrada en Nassau, Bahamas, no fue una cumbre multilateral más. Fue la primera realizada en el Caribe y marcó un hito geográfico e institucional. Sin embargo, este encuentro ofreció una visión clara y cruda sobre la realidad de los defensores ambientales en América Latina y el Caribe: una región sumida en una profunda tensión por el debilitamiento democrático, el cuestionamiento al multilateralismo y el aumento de conflictos socioambientales derivados de actividades extractivas y megaproyectos energéticos, mineros y portuarios.
En un escenario complejo, el Acuerdo de Escazú se consolida como el principal instrumento vinculante de derechos de acceso ambiental y el único tratado internacional con obligaciones específicas para proteger a los defensores ambientales. No obstante, las deliberaciones de la COP4 dejaron en claro que el camino hacia la implementación efectiva del tratado está sembrado de desafíos mayúsculos, amenazas emergentes y preocupantes asimetrías continentales.
Uno de los fenómenos más alarmantes visibilizados en la conferencia fue la sofisticación de las estrategias para acallar la defensa ambiental. A la ya conocida y dolorosa realidad de la criminalización, los desplazamientos forzados de los territorios y los ataques digitales, se sumó con fuerza el debate sobre las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPPs, por sus siglas en inglés). Estos litigios, impulsados para intimidar y desgastar financieramente a activistas y comunidades, configuran una preocupante estrategia de judicialización de la protesta. A esto se añade el avance de normativas de orden público y seguridad que terminan restringiendo el espacio cívico bajo la fachada de la legalidad.
Las realidades de Chile, Colombia y Argentina ilustran a la perfección las realidades con las que hoy convive la región.
Argentina fue, durante la COP4, un foco de alarma internacional debido a un evidente escenario de congelamiento y regresión. Desde la hoja de ruta trazada en 2023, la implementación en el país se ha debilitado progresivamente, manifestándose en el deterioro del acceso a la información pública, la parálisis institucional y la persecución de activistas. El caso de la reforma regresiva a la Ley de Glaciares se alzó en las sesiones de la COP4 como el símbolo regional indiscutido del retroceso ambiental y del desprecio por los compromisos internacionales asumidos.
Chile se presenta como un caso dual y paradigmático. Por un lado, exhibe los mayores avances formales de la región mediante el desarrollo del Plan de Implementación Participativa de Escazú (PIPE), la consolidación de su Consejo Nacional y su compromiso técnico en transparencia ambiental con los Registros de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). Por el otro, evidencia cómo incluso los sistemas robustos sufren tensiones: existe una preocupación latente respecto del riesgo de “captura corporativa” de espacios de gobernanza ambiental y del uso instrumental y regresivo del lenguaje del Acuerdo por parte de sectores empresariales para restringir la participación o rebajar estándares de protección.
Colombia, por su parte, asumió el rol de dinamizador político de la cumbre, legitimado por la integración de su nueva Mesa Directiva (período 2026–2028) bajo la conducción de Saint Kitts and Nevis. El proceso colombiano destaca por su masividad, habiendo involucrado líderes ambientales en la co-creación de su hoja de ruta nacional. No obstante, las organizaciones sociales locales advierten que la masividad no siempre equivale a profundidad. Persiste el reto de superar lógicas meramente informativas para pasar a una verdadera co-creación, especialmente en territorios históricamente en conflicto donde el retraso institucional aún tiene un impacto negativo.
La COP4 en Bahamas ha dejado una lección de transparencia: las herramientas institucionales del Acuerdo de Escazú son tan fuertes como la voluntad política de los Estados que las aplican y la vigilancia activa de la sociedad civil que las defiende. El nuevo mapa político del Acuerdo, con mayor protagonismo del Caribe y de Colombia, tendrá la desafiante tarea de conducir el proceso intersesional hacia la COP5. El reto ya no es solo avanzar en la arquitectura jurídica del tratado, sino resistir la marea regresiva que pretende desmantelar los derechos ambientales en una de las regiones más peligrosas del mundo.
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