En cada Cumbre por el Clima ―en este caso, la COP28― el tema del financiamiento climático evidencia las múltiples desigualdades que exigen acción a la par. Como cada año, el objetivo del encuentro que este año desde el 30 de noviembre y hasta el 12 de diciembre se está llevando a cabo en Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, es mejorar los compromisos nacionales e internacionales para cumplir con el Acuerdo de París. ¿Quién paga por afrontar el cambio climático? Esa es la cuestión.
El principio de “responsabilidades comunes, pero diferenciadas” es una respuesta inevitable al hecho de que no todos los países contribuyeron al problema del cambio climático y por el cual algunos ―los desarrollados― deben ayudar a otros ―en desarrollo― para que puedan implementar sus políticas climáticas.
El compromiso asumido por los países desarrollados de movilizar, en consecuencia, 100 000 millones de dólares anuales a 2025 no solo no se cumplió, sino que tampoco tuvo en estos primeros días de conferencia muestras de avances contundentes para llegar a una señal que reconstruya la confianza entre unos y otros países.
La economista Mariana Mazzucato enfatizó, durante un evento en la cumbre, que urge resolver la brecha de financiamiento existente en todos los frentes de la acción climática: “El costo de la inacción es mucho mayor que el costo de la acción. Sabemos bien eso. Lo sabemos, pero no hacemos nada al respecto”. La acción debe, para la profesora del University College London, ir acompañada de una transformación de la arquitectura financiera internacional, tema que sí estuvo presente en discursos, eventos y reclamos como un gran paso necesario para ayudar a los países en desarrollo a aliviar sus deudas financieras a la par que a avanzar con la acción climática.
El secretario general de Naciones Unidas, Antònio Guterres, fue contundente en la apertura de la conferencia al considerar el problema del financiamiento como de justicia: “La justicia climática está muy retrasada. Los países en desarrollo están siendo devastados por desastres que ellos no causaron. Los costos de endeudamiento exorbitantes están bloqueando sus planes de acción climática. Y el apoyo llega demasiado poco y demasiado tarde”.
“Por cada dólar que invertimos que invertimos ahora en adaptación y resiliencia, evitamos siete dólares en daños”, compartió hoy la primera ministra de Barbados Mia Mottley, pero automáticamente enunció: “La pérdida de vidas es algo que nadie nos puede devolver”.
Mottley es una de las mujeres que más defiende esa mencionada necesaria transformación de la arquitectura financiera internacional y el fondo para pérdidas y daños que se estableció a fines del 2022. Ahora, ante los exagerados eufóricos anuncios de algunos países en colocar dinero a ese fondo, recuerda que solo van acumulados menos de mil millones de dólares. En ese sentido enfatiza que la cuestión del financiamiento no debe y no puede ser solo una cuestión cuantitativa (de cifras), sino también cualitativa. Cómo hacer para que el financiamiento llegue a territorio lo antes posible, cómo destrabar los obstáculos de un sistema hiper burocrático para acceder a ayuda económica ante el cual algunos países ni siquiera cuentan con los recursos para responder.
Según compila Naciones Unidas, las mujeres producen entre el 45% y el 80% del suministro mundial de alimentos y asumen la mayor parte de la responsabilidad de abastecer de alimentos, agua y combustible a sus familias. Sin embargo, y a pesar de ellos, poseen menos del 10% de la oferta mundial de tierras.
La antropóloga especialista en género Fabiana Menna explicó que, “si las mujeres no son dueñas de la tierra, no tienen acceso al crédito, no tienen cuenta bancaria, no son titulares de su propia empresa, no pueden tomar decisiones respecto a sus recursos, tienen menos acceso, en algunos países, a formación, a nivel educativo; es decir, enfrentan barreras de desigualdad que inciden también en cómo el cambio climático les afectará más”.
El proceso de financiamiento climático tiene mucho aún por hacer en materia de integrar una real y ambiciosa perspectiva/lente de género desde su diseño a su implementación. Un reporte de OXFAM muestra que solo un 2,9% del financiamiento del desarrollo vinculado con el clima identificó la igualdad de género como un objetivo principal.
Para que haya un cambio en ese proceso, el interrogante es si ello también debe tener cambios entre quienes participan en la toma de decisiones. Cecilia Nicolini, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático, no tiene dudas: “Estoy convencida de que las mujeres somos mejores negociadoras que los hombres, simplemente porque en una negociación buscamos sobre todo la creación de valor, es decir, que las diferentes partes se sienten en la mesa y que todos podamos salir con alguna ganancia y un resultado positivo. Mientras que, en general, los hombres buscan la rentabilidad y el ganar absolutamente todo. Y ahí se pierde mucho. En una situación tan compleja de transición, de crisis global en donde enfrentar el cambio climático requiere hablar con absolutamente todos los sectores, las mujeres son personas indispensables en estas negociaciones”.
En la COP27 del año pasado, el equilibrio ―o desequilibrio― de género en todas las delegaciones de los gobiernos fue 63% masculino y 37% femenino. Una diferencia que muestra mejoras respecto de los años anteriores, pero que aún queda lejos de la paridad necesaria. “Las negociaciones vienen muy lentas y realmente no estamos alcanzando los objetivos que nos hemos propuesto año a año, COP tras COP. Deberíamos ver qué tal nos va si alcanzamos la paridad de mujeres en delegaciones y que el 50% de las delegaciones estén encabezadas por mujeres”, propone Nicolini.
*Por Tais Gadea Lara. Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina. Fue producido en el marco de la iniciativa “Comunidad Planeta en la COP28”.
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