Greenpeace Argentina denunció la exoneración de Virginia Aparicio, investigadora del INTA que participaba de un proyecto internacional sobre exposición a plaguicidas. Según un comunicado de la organización, Aparicio fue apartada de su cargo sin garantías de debido proceso, un hecho que la ONG califica como un ataque a la independencia científica en el país.
Aparicio formaba parte de un equipo que estudiaba los impactos sanitarios y ambientales del uso masivo de agroquímicos en zonas rurales argentinas. El proyecto analizaba la exposición de comunidades a sustancias como el glifosato, herbicida ampliamente utilizado en el modelo de agricultura transgénica que domina la producción de soja y maíz en el país.
Greenpeace sostiene que la decisión del INTA no solo afecta a una investigadora sino que sienta un precedente peligroso para la libertad académica. De acuerdo con la organización, la producción de conocimiento científico sobre los riesgos del uso de plaguicidas es esencial para proteger la salud de las personas y el ambiente, y para permitir que las comunidades y autoridades tomen decisiones informadas.
La organización exige la restitución inmediata de la investigadora
En su comunicado, Greenpeace pidió la restitución inmediata de Virginia Aparicio y reclamó garantías para que los equipos científicos del INTA puedan desarrollar y comunicar sus investigaciones sin interferencias indebidas. La ONG advierte que el uso masivo de glifosato y otros agrotóxicos genera contaminación ambiental y consolida un modelo de agricultura dependiente de insumos químicos y semillas transgénicas.
La organización también señaló que la exposición de las comunidades a estas sustancias y la falta de controles efectivos refuerzan la necesidad de contar con investigaciones científicas independientes. Greenpeace sostiene que es indispensable avanzar hacia modelos productivos que reduzcan progresivamente la dependencia de los agrotóxicos.
EcoNews consultó al INTA sobre los motivos de la exoneración y las garantías de debido proceso ofrecidas a Aparicio, pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta oficial del organismo. La investigadora llevaba más de una década trabajando en el instituto y había publicado varios estudios revisados por pares sobre los efectos de los plaguicidas en poblaciones rurales.