En el norte de Catamarca, el Salar del Hombre Muerto enfrenta desde hace casi 30 años las consecuencias de una industria que prometía futuro y progreso, pero que está dejando un ecosistema devastado.
Desde 1997, la empresa Minera del Altiplano S.A. -subsidiaria de la empresa estadounidense Livent que actualmente pertenece a la británica-australiana Río Tinto- explota litio en esta región ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, una zona árida donde el agua es un bien escaso y vital.
El impacto es visible: la desecación de más de 5 kilómetros de la vega del río Trapiche. Hoy, en el Salar del Hombre Muerto se desarrollan 12 proyectos mineros -en diferentes etapas- profundizando la presión sobre este ecosistema de altura. Es que la minería de litio consume grandes volúmenes de agua
La comunidad originaria Atacameños del Altiplano que habita el salar fue la primera en notar que el agua comenzaba a escasear y ante la falta de respuesta estatal, decidieron judicializar su reclamo. En marzo de 2024, la Corte de Justicia de Catamarca falló a su favor, reconoció el daño ambiental y ordenó al gobierno provincial abstenerse de otorgar nuevos permisos mineros sobre la cuenca del Río Los Patos hasta realizar un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral.
El fallo fue claro: el Gobierno había autorizado a las empresas la extracción de agua sin evaluar los impactos combinados de todas las actividades mineras en una misma cuenca hídrica. Un año después, el Ejecutivo provincial presentó un informe que no cumple con lo ordenado: recupera información antigua y omite analizar los efectos acumulativos reales, concluyendo, sin fundamentos técnicos, que no existen impactos negativos sobre el Río Los Patos. Actualmente, la Corte de Justicia de Catamarca debe evaluar si el estudio presentado por el Gobierno cumple con lo ordenado o debe ser rechazado por insuficiente.
Con el objetivo de informar sobre los daños que la megaminería de litio causa en los ecosistemas y de fortalecer lazos entre comunidades expuestas a riesgos similares, a principios de octubre, comunidades de Jujuy y Salta de Argentina, de Chile y de Bolivia viajaron al Salar del Hombre Muerto.
La visita permitió observar de cerca las consecuencias de la actividad minera, intercambiar experiencias, luchas, aprendizajes y brindar acceso a información clave para que las comunidades puedan proteger sus territorios frente a los riesgos que implica la minería.
Estos tres países concentran más del 53% de los recursos de litio del mundo, lo que ejerce una enorme presión sobre los humedales que albergan este mineral. Empresas y gobiernos han impulsado una creciente actividad minera para abastecer la demanda de litio vinculada a una transición energética del Norte Global que se presenta como la solución a la crisis climática, pero no contempla los impactos ni necesidades de los países del Sur Global.
Si bien es urgente abandonar la explotación y el consumo de combustibles fósiles, una transición energética que reproduzca el mismo modelo de producción y consumo actual —basado en el uso desmedido de los recursos naturales y en la falta de consideración por los impactos socioambientales y los derechos humanos de las comunidades que habitan los territorios donde se extraen estos minerales— no representa un cambio real. Por el contrario, perpetúa las mismas lógicas del modelo energético vigente, profundizando la vulneración de derechos y la degradación de los ecosistemas.
Los gobiernos provinciales deben realizar estudios ambientales integrales que evalúen los impactos acumulativos sobre los ecosistemas en lugar de limitarse a análisis fragmentados por proyecto, como si estuviesen aislados en el territorio. Además, tienen la obligación de garantizar la participación efectiva de las comunidades locales, así como brindar información ambiental completa, veraz y transparente en temas ambientales, de acuerdo a los estándares del Acuerdo de Escazú.
Los salares son mucho más que yacimientos de litio: son ecosistemas esenciales, fuente de agua y de vida para comunidades originarias que han convivido durante siglos con el equilibrio del territorio. Su degradación no solo amenaza la biodiversidad, sino también la cultura y la identidad de quienes lo habitan.
*Este artículo fue escrito por Verónica Gostissa de Asamblea Pucará y Leandro Gómez de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
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