El basural a cielo abierto más grande del país se encuentra en Luján, Provincia de Buenos Aires. Se lo conoce como “La Quema” y hace 50 años crece a costa de la salud y bienestar de los habitantes y el ambiente de la zona. La solución del gobierno había sido moverlo y crear un relleno sanitario. Sin embargo, la oposición de un grupo de vecinos frenó la obra y ahora crece la incertidumbre acerca del destino del basural.
Luego de la demanda de los Vecinos Autoconvocados de Luján, la Justicia ordenó parar la construcción del relleno sanitario para reemplazar el basural a cielo abierto. El reclamo de los vecinos de Luján se originó porque aseguran que el plan no sanearía el predio, sino que simplemente lo trasladaría unos metros. Esto seguiría afectando a la población y a las actividades frutihortícolas de la zona.
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El Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto a cargo del Ministro de Ambiente busca crear un Centro Ambiental en Luján. Ahí se separarán y recuperarán materiales reciclables. Además, prevé la creación de un relleno sanitario para el resto de residuos. Esta movilización es posible gracias a una inversión del Estado Nacional y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 18 millones de dólares. La empresa encargada de llevar adelante los trabajos es EVA SA.
El fallo de la Justicia y la apelación del Ministerio de Ambiente
A partir de la demanda de un grupo de vecinos, el juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, ordenó “la prohibición de innovar respecto de la situación del basural a cielo abierto ubicado en el partido de Luján, debiendo disponerse, en un plazo de 48 horas, de los residuos sólidos urbanos y peligrosos en un sitio alternativo, ambiental y legalmente apto para su recepción y tratamiento”. Para el juez, en cuestiones de daño ambiental se deben ejercer acciones de prevención.
El Ministerio de Ambiente de la Nación apeló el fallo. Para Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente, “no leyeron el expediente porque si no sabrían que el predio de Sucre reúne todas las condiciones para construir el Centro Ambiental con una vida útil de 20 años como requiere el BID”, aseguró en diálogo con Ladran Sancho.
“Ligeramente escriben y frenan la obra para impedir el impacto ambiental negativo y el proyecto lo que hace es intentar frenar la contaminación que el distrito sufre hace 50 años”, denunció el viceministro en Infobae. “Más impacto ambiental negativo que ese basural no conozco”, agregó.
Distintas posturas de los vecinos de Luján
Los que viven en carne propia la contaminación del basural a cielo abierto más grande del país son los vecinos de Luján, quienes tienen posturas opuestas respecto a las obras de saneamiento. Por un lado, están aquellos que se oponen al proyecto y presentaron la demanda que frenó la iniciativa.
Viviana Novelle es una de ellas. Denunció a Infobae que la obra del Ministerio de Ambiente perjudica la actividad frutihortícola ya que los líquidos lixiviados que desprenden los desechos se filtran en el suelo y contaminan la tierra. Novelle es vecina, abogada ambientalista y empresaria agropecuaria.
“El proyecto no sólo no cumple con condiciones técnicas que el propio BID exige, como que el espacio pueda recibir la basura por 20 años ya que no tiene capacidad para hacerlo por el tamaño del terreno, sino que además, no respetó los 80 metros mínimos de distancia con mi propiedad. Tengo la obra a 3 metros de mi casa”, denunció Novelle a Infobae.
La Asociación Civil Nuevo Ambiente realizó estudios con muestras del basural y se detectaron sustancias contaminantes como dioxinas y furanos, incompatibles con el uso agrícola.
“En este basural que vive en llamas se han arrojado residuos industriales y peligrosos, pero esta información se oculta porque el proyecto internacional es para residuos domiciliarios y no para peligrosos. Entonces se decidió que, en vez de sanear o remediar, se taparan las parcelas, pero sin hacer este proceso anteriormente”, dijo Novelle a Infobae.
Por otro lado, se encuentran los vecinos que sí quieren el saneamiento del basural. A raíz del freno de las obras, lanzaron una campaña en redes y una petición en Change.org para que continúe el proyecto.
Los vecinos que están a favor de las obras denunciaron que hay intereses económicos detrás del amparo de la justicia. Se refirieron a los Novelle de Terrabusi como “una familia solo centrada en sus intereses económicos que busca preservar su exclusivo club de campo La Picaza que se encuentra ubicado en las cercanías del predio cedido por el Estado Nacional para el emplazamiento de la planta integral de tratamientos”, según manifiestan en la petición de Change.org.
Además, manifestaron que la obra debe continuar porque se realizó una consulta pública sobre el tema y se obtuvo la licencia social. Creen que el Plan de Inclusión Social del proyecto ayudará a los vecinos al incorporar a todos los trabajadores del basural al nuevo Centro Ambiental. “Recordemos que más de 200 familias viven de ese basural”, dijeron.
El viceministro de Ambiente aseguró que el proyecto acata todas las leyes locales, provinciales y nacionales e incluye todos los estándares que fija el BID. “Las dos posibilidades frente a cualquier basural a cielo abierto son: llevar toda la basura que hay ahí y trasladarla para que sea tratada y la otra es que todo lo que está ahí no siga contaminando”, explicó en diálogo con Infobae.
“Después de un año y medio de análisis técnico, el BID recomendó que el basural fuera clausurado técnicamente e impida el ingreso de nuevos residuos. Se utilizó entonces la técnica de encofrado con sistema de captación de gases (el biogás que genera la basura cuando está enterrada) y lixiviados. No hay una zona de sacrificio, hay una zona contaminada sistemáticamente que va a ser confinada para que deje de contaminar y que, se presume, en un plazo de 10 años podría dar lugar a un espacio verde”, aseguró Federovisky.
