La exoneración de Virginia Aparicio, la investigadora del INTA con más trayectoria en agrotóxicos, marca el hecho más grave de censura científica en la institución desde la vuelta a la democracia. Aparicio, con 22 años de carrera en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, está a punto de ser echada tras confirmar los impactos del modelo de agronegocio en la salud de la población y el ambiente.
El punto de quiebre fue el proyecto Sprint (“Transición Sostenible de Protección Vegetal”), un estudio internacional realizado durante cinco años por académicos de once países. Aparicio participó del análisis de 73 personas de la provincia de Buenos Aires, tanto del ámbito rural como urbano. Los resultados fueron lapidarios: todas las personas testeadas tenían glifosato en su cuerpo, según informó Agencia Tierra Viva.
La investigación que el INTA censuró
El estudio Sprint, aprobado por los distintos niveles burocráticos del INTA, confirmó la presencia abrumadora de glifosato, 2-4D, atrazina, clorpirifos, fipronil, imidacloprid y cipermetrina, entre otros plaguicidas. Cada participante argentino presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, de 2 a 10 en sangre y hasta 18 en materia fecal. En agua superficial se encontraron entre 10 y 28 plaguicidas.
Los resultados finales, presentados en Bélgica en una conferencia pública, ubicaron a Argentina como el país con mayor cantidad de plaguicidas peligrosos entre los once estudiados. Lejos de tomar medidas para proteger a la población, el INTA abandonó la investigación en 2023 mediante la Resolución 2023-399-APN-INTA, sin comunicar jamás los hallazgos.
Los responsables directos de la censura fueron Mariano Garmendia y Nacira Belén Muñoz, presidente y vice del INTA en ese momento, y el entonces director nacional Carlos Parera. El INTA prohibió que se hable del tema y apuntó las “culpas” a Aparicio, de la estación experimental de Balcarce.
Tres años de persecución laboral
Desde 2023, Aparicio enfrentó un proceso de maltrato institucional sostenido. En las evaluaciones internas comenzó un descenso en el ítem “integración” (de 100 puntos pasó a 80 y luego a 60), le cambiaron de funciones a un técnico de su equipo sin avisarle, y no le permitieron participar de reuniones del área ni del grupo de WhatsApp.
Cuando solicitó utilizar un cromatógrafo de alta resolución para medir plaguicidas, las autoridades del Ipads (instituto del INTA-Conicet para el agro) le negaron el permiso pese a tratarse de una línea de investigación que desarrolló durante años. En 2025, el director del INTA Balcarce, Facundo José Quiroz, dejó de hablarle y evitó encuentros personales durante meses.
En junio de 2025, personas ajenas al INTA ingresaron a su oficina y se llevaron equipamiento bajo su responsabilidad. Aparicio dejó constancia del faltante ante el Área Patrimonio. En agosto, un becario del Conicet que ella dirigía le avisó que Quiroz le había propuesto desarrollar otras actividades, saltando la supervisión de la investigadora.
La exoneración implica que Aparicio nunca más podrá ser contratada por el Estado argentino. La persecución comenzó durante el gobierno de Alberto Fernández y continuó bajo la administración actual, con el respaldo de la Mesa de Enlace, Aapresid y empresas de transgénicos y agrotóxicos, según denunció Agencia Tierra Viva.
Aparicio cuenta con publicaciones científicas, participó de libros y fue perito en causas judiciales sobre pueblos fumigados. Su trabajo confirmó lo que el modelo agroindustrial prefiere silenciar: los suelos y el agua bonaerense tienen una concentración de agrotóxicos más alta que en los países europeos estudiados.
Fuente original: https://agenciatierraviva.com.ar/perseguir-y-censurar-a-la-ciencia-el-inta-echa-y-exonera-a-su-mayor-investigadora-en-agrotoxicos/
